Crispación y memoria

LOS INTENTOS DE BOICOTEAR un mitin electoral del PP en Martorell y una conferencia del presidente-fundador de ese partido en Granada han traspasado la frontera de los comportamientos permisibles en las pugnas políticas de un régimen democrático. Josep Piqué -cabeza de la lista popular para los próximos comicios catalanes- y Ángel Acebes -secretario de organización del PP- fueron zarandeados el 11 de octubre al entrar en el recinto del mitin y tuvieron que aguardar tres cuartos de hora para abandonar la sala protegidos por la Guardia Civil. Los insultos contra Fraga -"asesino", entre otros- obligaron el pasado lunes a las autoridades académicas de la Universidad de Granada a cambiar de aula para que el invitado pudiera dar la conferencia. Esa ruptura de las reglas básicas de la convivencia carece de justificación y anuncia malos tiempos: las amenazas a la libertad de expresión, especialmente a lo largo de una campaña electoral, han solido preceder históricamente a escaladas de violencia física responsables de muertes y a oleadas destructoras de la democracia.

Los intentos de boicotear un mitin electoral de Piqué y Acebes en Martorell y una conferencia de Fraga en Granada son síntomas preocupantes del recalentamiento del clima político

Con independencia de las inesquivables responsabilidades del Estado en materia de orden público para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, libertad ideológica, asociación y libertad de expresión, resultaría conveniente una reflexión colectiva sobre las consecuencias de la crispación política, caldo de cultivo de esas manifestaciones de intolerancia hacia el adversario que no se circunscriben a los representantes políticos, sino que se extienden por toda la sociedad. Si la calidad de la democracia depende de que ciudadanos con diferentes ideologías puedan defender de manera pacífica y razonada sus propias opciones y criticar también sosegadamente con argumentos las posiciones ajenas, las desagradables experiencias personales sufridas en la vida cotidiana por mucha gente a causa de la crispación durante esta legislatura llevarían a conclusiones pesimistas.

Ese enfermizo calentamiento de la atmósfera política -al que contribuyen los libelos impresos en El Mundo y las injurias difundidas por la radio de los obispos- recuerda la estrategia electoral utilizada por Aznar durante la legislatura 1993-1996 para llegar al poder. La actual dirección del PP está aplicando fría y calculadamente ese modelo: su enfrentamiento sin cuartel con el Gobierno, sin embargo, ha roto los códigos de una oposición leal al prescindir cínicamente del respeto a la verdad. Los portavoces populares siembran insidias en torno al 11-M para alentar la delirante teoría de la conspiración (la supuesta participación en la matanza de ETA y de servicios de inteligencia con ayuda de miembros de los cuerpos de seguridad vinculados con el PSOE) y acusan al Gobierno de impedir una verdadera investigación policial y judicial sobre el atentado. Las sesiones de control del pasado miércoles en el Senado y en el Congreso confirmaron que el segundo frente de esa oposición desleal del PP es inculpar a Zapatero de haber capitulado ante la banda terrorista. Probablemente la plana mayor de los populares es consciente de la tosca falsedad de las fabulaciones sobre el 11-M y ETA. Pero si la clientela del PP se cree esos engañosos mensajes, resulta lógica su indignación al suponer -aunque no sea verdad- que el PSOE llegó al poder gracias a ETA y ahora le paga los servicios prestados. El círculo de la crispación se cierra: ¿cuál podría ser la reacción del electorado socialista, acusado de encubrir ese doble crimen?

El proyecto de ley para ampliar los derechos de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura ha servido también a los truchimanes de la crispación para mover las aguas. Así, las medidas en favor de los vencidos en 1939, la localización de los restos de los desaparecidos y la superación simbólica del conflicto en los espacios públicos son presentadas como la revancha de los derrotados frente a los vencedores y el respeto por sus muertos. Ese avivamiento de los rescoldos de la Guerra Civil debería hacer reflexionar a quienes critican desde la izquierda el proyecto de ley del Gobierno y hacen de la llamada memoria histórica una sectaria arma de combate para las pugnas políticas de hoy.