Adigsa elimina los desvíos presupuestarios en obras de rehabilitación de viviendas públicas

"Yo no digo que en la Administración anterior hubiera corrupción, pero lo que está claro es que si hay una buena gestión, la corrupción es casi imposible", afirma Ricard Fernández, presidente de la empresa Adigsa, que gestiona el parque de vivienda pública de la Generalitat, un parque que, año tras año, requiere intervenciones. En los últimos años de CiU, estas actuaciones acababan, de modo regular, en desviaciones presupuestarias al alza. Fernández ha logrado reducir esta práctica de modo radical: del 40,9% de obras con desvíos se ha pasado al 16,15%.

El importe de las obras de rehabilitación licitadas por la empresa pública Adigsa en los años 1999-2004, los últimos con CiU en el Gobierno de la Generalitat, ascendió a 127,6 millones de euros, una cantidad notablemente inferior a la que figuraba de salida en los concursos covocados. Es algo habitual en estos casos. Las empresas interesadas en hacerse con las obras ofrecen trabajar por un precio inferior para desbancar a la competencia. De modo que las adjudicaciones finales eran siempre inferiores al precio de salida. Pero después llegaban las rebajas, que en este caso eran siempre alzas. Los precios finales no sólo recuperaban los descuentos ofertados, sino que acababan superando ampliamente incluso el precio inicialmente previsto.

Pendiente de sentencia

En los juzgados hay algunos casos que relatan que estas prácticas estaban relacionadas con supuestas comisiones, aunque aún no hay sentencia al respecto que establezca si la acusación puede ser demostrada. Uno de los constructores ha explicado a la fiscalía que las facturas debían ser infladas y una parte de esa cantidad se entregaba a la persona que actuaba como intermediario para lograr la concesión de la obra.

El hecho es que las obras licitadas por Adigsa entre 1999 y el final del Gobierno de CiU registraron, siempre, adjudicaciones por debajo del precio de salida. Estas rebajas oscilaron entre el 6,46% en 2004 (año que se computa de forma repartida entre los dos gobiernos) y el 12,23%, en el año 1999. Pero una cosa era el precio a que se adjudicaba la obra y otro el precio al que se liquidaba. Es decir, lo que de verdad acababa pagando la Administración. En todos los casos los sobrecostes se comieron las rebajas hechas en el concurso y en mucho de ellos superaron el precio de salida, es decir, acabaron costando bastante más de lo previsto. Las alzas respecto al precio inicial fueron del 5,85% en al año 2001 y superiores al 12% en todos los demás, según datos facilitados por Adigsa a petición de este diario.

La llegada del tripartito produjo un notable cambio. Adigsa, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, pasó a depender de Salvador Milà, primero y finalmente de Francesc Baltasar. Milà puso al frente a Ricard Fernández, que era también secretario de Vivienda y actualmente es secretario general del departamento. Y Fernández anunció de modo público que pensaba acabar con las desviaciones presupuestarias encontradas a su llegada a la empresa.

Los resultados son espectaculares. Los precios de adjudicación son también, como en la época de CiU, inferiores a los del concurso de salida. En los tres años la baja ha sido superior al 12%. Pero la diferencia es bastante apreciable, porque las desviaciones que inevitablemente se producen por los imprevistos en caso de obras nunca llegan a superar el precio de la licitación. Es decir, el coste final para la Administración es en todos los casos inferior al inicialmente previsto y no más elevado como ocurría en tiempos de CiU. Y de modo creciente porque, afirma Fernández, se han ido puliendo los mecanismos de control. En 2004 las obras finales costaron un 7,52% menos del precio de salida. Las obras liquidadas en 2006 han costado el 14,13% de lo que figuraba en el pliego del concurso.

Las obras licitadas en este periodo (2004-2006) tienen un coste acumulado de 75,5 millones de pesetas (casi el doble por año que en los últimos ejercicios de CiU), pero el número de actuaciones con desvío ha pasado del 40,9% al 16,15%. En términos absolutos: de las 192 obras adjudicadas se registraron desvíos al alza en 31. Y el importe de esos desvíos fue el 1,41% de las adjudicaciones, frente al 8,45% de los años en que Adigsa era gestionada por CiU.