La juez del ácido bórico impide actuar a la Abogacía del Estado

La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, interrogó ayer, por espacio de tres horas, al jefe de Analítica de la Policía Científica, Francisco Ramírez, superior de los peritos que intentaron relacionar el 11-M con ETA a través de una sustancia que resultó ser ácido bórico. La negativa de la juez a que la Abogacía del Estado tuviese acceso a la declaración dio pie a que ésta haya reclamado la nulidad de las actuaciones.

La juez Gallego no sólo se negó a que la Abogacía del Estado estuviese presente en la declaración, sino que incluso denegó que pudiese conocer la resolución que declara el secreto de las actuaciones. A la abogada del Estado que quiso personarse y que intentó estar presente en la declaración de Ramírez se le dijo que las diligencias "eran secretas" y cuando pidió ver la resolución que lo acordaba, se le dijo que "también era secreta". Esta decisión de la juez es "netamente incorrecta", según la Abogacía del Estado, pues el auto de declaración de secreto no puede ser secreto, ya que las partes tienen derecho a discutir si esa decisión está fundada o no.

La Abogacía del Estado presentó un recurso en el que asegura que la decisión de la juez Gallego "vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva" y le deja en una situación de "indefensión total y absoluta". En consecuencia, interesa la nulidad de todas las actuaciones practicadas y que éstas se retrotraigan al pasado día 13, en que se personó el abogado del Estado para que todas las diligencias se practiquen en su presencia.

La declaración en calidad de imputado de Francisco Ramírez duró tres horas. La juez, según las fuentes consultadas, fue mostrando al jefe de los peritos los documentos sobre los informes y borradores sobre el ácido bórico para que se pronunciara sobre ellos. Ramírez sostuvo, como ya hizo ante el juez Baltasar Garzón, que entre sus competencias está el visado y el control de calidad de los informes periciales y que, en otras ocasiones, también han sido reelaborados informes sobre análisis químicos, pero sin alterar el resultado o la conclusión sobre de qué sustancia se trata.

La juez no tomó ninguna medida cautelar contra Ramírez, aunque mantuvo su imputación. Las fuentes consultadas aseguran que, en todo caso, Gallego tiene previsto adoptar una decisión sobre la situación de los imputados cuando hayan prestado declaración el resto de los funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica que han sido denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Las fuentes consultadas aseguran que, inicialmente, la fiscalía se inclina por solicitar el archivo de las actuaciones, puesto que consideraría que no existe ningún tipo de falsedad documental.

La citada asociación de víctimas -defensora de la participación de ETA en el 11-M y de las teorías conspirativas sobre dicho atentado- denunció por falsedad documental al ex comisario de Información Telesforo Rubio; el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y al jefe de Análisis de este departamento, José Andradas, además de a Ramírez.

Esta asociación, además, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que se adhiere al recurso interpuesto por los peritos Isabel López Cidad y Manuel Escribano solicitando la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez Baltasar Garzón. Éste imputó a dichos peritos y Pedro Manrique por falsedad documental. Manrique se ha desvinculado de las actuaciones judiciales de sus compañeros.

Por otro lado, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará el 11-M prorrogó ayer la prisión preventiva, hasta un máximo de cuatro años, al supuesto dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan El Haski y a Antonio Toro, ya ex cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, ambos acusados de facilitar los explosivos para la matanza de Madrid.