Los vertidos de Intal en Castellón costaban diez veces menos

La ex jefa del Servicio de Inspección Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Pilar Urrutia, sostuvo ayer que el depósito de residuos en vertederos que la empresa Intal realizó en Castellón desde 1993 hasta 1996 costaba diez veces menos que en Cataluña, donde la empresa tenía designado un vertedero específico y autorizado en Hostalets de Periola. Urrutia declaró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia de Castellón por el presunto vertido de residuos peligrosos de la citada empresa en vertederos no autorizados de Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes. Por esta acusación se sientan en el banquillo tanto los representantes de la firma como los de la empresa de transporte y los gestores de los vertederos. Pilar Urrutia negó, tal como han mantenido los acusados hasta ahora, que la Consejería de Medio Ambiente impusiera acuerdo alguno a Intal para que retirara los residuos dada la polémica y la alarma levantada con el descubrimiento de los mismos. La entonces jefa del Servicio de Inspección Medioambiental aseguró que no hubo ninguna coacción y que en una propuesta de resolución se impuso una sanción y la obligación de retirar los residuos vertidos.

La testigo declaró también que, tras la toma de muestras de los residuos depositados, se concluyó que éstos eran tóxicos y peligrosos, tras lo que se inició un expediente sancionador contra la empresa, la transportista y los propietarios de los vertederos donde se depositaron los residuos, "los cuales eran incontrolados y no tenían autorización", según dijo. Aún así, explicó que el expediente abierto no se concluyó porque se inició el procedimiento penal que dio lugar al juicio que ahora se celebra.

Medidas de emergencia

En cualquier caso, Urrutia explicó que la empresa tan solo recogió una parte de los mismos, por lo que fue la Generalitat la que se hizo cargo de la retirada del resto. Para ello, según sostuvo ante el tribunal, se adoptaron medidas de emergencia, pues "había peligro para la salud de las personas y del medio ambiente". El coste de la limpieza de las zonas afectadas ascendió a 1,4 millones de euros de los que, según el fiscal y la acusación, las mercantiles de los acusados sólo sufragaron unos 190.000 euros.

La ex alto cargo de Medio Ambiente aseguró que no cabía ninguna duda sobre las características de los residuos ya que mucho antes de que Intal los depositase en Castellón, la Junta de Residuos de Cataluña ya los había catalogado como especiales, "lo que equivale a tóxicos y peligrosos", precisó. En cambio, los acusados sostienen que los residuos eran únicamente salinos y que no revestían ningún peligro. Esta afirmación choca también con el testimonio de un biólogo que durante el juicio aseguró que los vertidos encontrados en uno de los vertederos no autorizados, en la Rambla de la Viuda de Almassora, podrían haber pasado a la capa de aguas subterráneas, al ser un terreno muy permeable, y suponer un riesgo para la salud, ya que cerca existen pozos de captación de agua potable de la localidad.