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El PSOE lleva a Bruselas la batalla del urbanismo

Simancas exige a Aguirre que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario

El secretario general del PSM, Rafael Simancas, llevó ayer al Parlamento Europeo las quejas de vecinos de cinco municipios de la región, que acusan a la Comunidad de violar la legislación comunitaria con sus planes urbanísticos. "Acudimos a las instituciones europeas en busca de ayuda para poner coto a los desmanes urbanísticos del PP", dijo. Simancas también exigió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario.

El texto del documento concluye que los planes urbanísticos previstos para estos municipios "afectan muy negativamente y de forma irreversible a zonas con un alto valor natural y a espacios protegidos por la legislación comunitaria, permitiendo su urbanización". También sostiene que en la Comunidad de Madrid existe "un vacío legal", ya que las disposiciones urbanísticas no recogen las obligaciones que se derivan de las leyes europeas. "Madrid necesita una nueva Ley de Protección del Medio Ambiente. Hay zonas de alto valor ecológico que no están protegidas legalmente", estimó Simancas, quien invitó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a cumplir su promesa electoral de desarrollar esta legislación. También exigió Simancas a Aguirre que explique cuántos familiares suyos están vinculados con el negocio inmobiliario.

José Gil de Biedma, tío materno de la presidenta, obtuvo ganancias de 2,1 millones por la venta de terrenos en un sector de Villanueva de la Cañada en la que también tenía terrenos el ex director de Urbanismo, Enrique Porto, que cesó a raíz de difundirse un pelotazo de 3,4 millones.

Representantes de asociaciones de vecinos y ecologistas de Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas, Torrelodones y Galapagar viajaron también hasta Bruselas donde explicaron qué les ha llevado a llamar a las puertas de las instituciones europeas. "Hemos venido para ver si en Europa nos hacen más caso que el que nos hace nuestro alcalde", dijo Juan Luis Cano, en representación de la asociación de Vecinos de Torrelodones. Cano, miembro del dúo Gomaespuma, explicó que los planes urbanísticos amenazan la cuenca alta del Manzanares, donde anida el águila imperial.

Pablo Hernández, de la Plataforma de Vecinos de Las Rozas, indicó que el nuevo plan urbanístico de su municipio prevé levantar al menos 10.000 viviendas, además de otras 5.000 ya pendientes de construcción. Este despliegue inmobiliario "invade arroyos, espacios protegidos y se cortarán encinas", según Hernández. Pero Ángel Estévez, en nombre de la organización Pueblo Verde y Asociación Gente de Moralzarzal, estimó que los planes desarrollistas tienen marcha atrás. Explicó que en su municipio está prevista la construcción de un campo de golf en una dehesa, protegida desde 1962.

No faltaron las quejas relacionadas con la falta de infraestructuras que podría acarrear el desarrollo urbanístico. "En Galapagar no hay garantías de abastecimiento de agua. Con la población actual, ya no hay suficiente agua, y habrá mucha menos si duplican el número de viviendas", estimó Concha Núñez, de la Plataforma de Vecinos de Galapagar, municipio en el que el nuevo plan tiene previsto pasar de 32.000 habitantes hasta 70.000.

Simancas consideró que de materializarse los proyectos del noroeste, se generarán colapsos en servicios públicos e infraestructuras, un incremento en el tiempo de los desplazamientos y del precio de la vivienda. Los firmantes de la petición entregada ayer sostienen que los planes urbanísticos violan las directivas 79/409/CE y 92/43/CE de la protección de aves silvestres y de la conservación de los hábitats naturales. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara deberá decidir si admite a trámite la queja.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de octubre de 2006