Un juez investiga agresiones al personal de un centro de menores

Los trabajadores del Centro de Recepción de Menores de Alicante aseguran sufrir agresiones físicas y lesiones psíquicas de los internos. El director territorial de la Consejería de Bienestar Social, imputado por un delito contra el derecho de los trabajadores, reconoció ayer ante el juez la existencia de "dos casos aislados" y dijo que los riesgos son "inherentes al puesto de trabajo", según explicó el delegado sindical de CGT, José Santamaría.

Ayer comparecieron en el juzgado como imputados por un delito contra el derecho de los trabajadores el director territorial de Bienestar Social de Alicante, Alberto Martínez, y el ex director del citado centro Alfonso Navarro, quienes evitaron realizar declaraciones al término de su declaración.

La única versión es la que ofreció el delegado sindical, que participó en una concentración de unos 20 compañeros a las puertas de los juzgados, José Santamaría, que responsabiliza a la consejería de Bienestar Social y a los dos imputados de "incumplir de forma deliberada y consciente" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según CGT los educadores han sufrido "un grave peligro" durante siete u ocho años, ya que el centro "ha vivido una situación de conflictividad continua, agresiones verbales y físicas a los educadores, palizas, conflictos y motines".

La CGT, que se ha personado como acusación particular, presentó al juez 11 casos de trabajadores con lesiones físicas y otros 14 de lesiones psíquicas, como cuadros de angustia, estrés laboral y depresiones. Entre estas lesiones, Santamaría señaló que en febrero de 2003 se produjeron seis agresiones físicas a trabajadores, dos de los cuales necesitaron atención médica, y que, según un estudio realizado por el sindicato durante tres meses de ese año, se contabilizaron un total de 45 actos violentos, situación que en ese momento fue denunciada ante el director territorial de Bienestar Social, pero "no adoptaron medidas para prevenir o minimizar el peligro", dijo, y lamentó la "pasividad" del Consell. Además, explicó que, según un plan de evaluación de riesgos laborales, el centro tenía "un nivel de peligro muy alto, concretamente, para la integridad física y psíquica de los trabajadores, sin que se hayan adoptado medidas".