Pumpido se defiende
No le vendría mal al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aprender de su predecesor Jesús Cardenal, que mantenía una imperturbabilidad pasmosa cualquiera que fuera la acusación que se le hiciera. Comprendió que los ataques contra él apuntaban en realidad al Gobierno y que debía aceptarlos como una carga incluida en el sueldo. Por eso, Conde-Pumpido debió ahorrarse su alusión a que "a algunos se les pueda notar las ganas de que los haya [muertos]", en su respuesta a la interpelación del senador del PP, Agustín Conde, sobre la actuación del ministerio fiscal en las causas por terrorismo, con el llamado proceso de paz al fondo.
Habría que desterrar la costumbre, inaugurada por Aznar en la guerra de Irak, de imputar al adversario unos deseos irrefrenables de que las cosas vayan mal, incluso con muertos de por medio, o de lanzar acusaciones como la "ponerse del lado de los terroristas" lanzada por ese mismo senador. La descripción que hizo Conde-Pumpido del papel del ministerio fiscal en los procesos por terrorismo, generalizable al resto, fue de libro. Lo frustrante es que el senador hiciera una lectura tan sesgada del mismo que impulsase al fiscal del Estado a exponer como programa de actuación algo que es consustancial al ministerio fiscal.
Que los fiscales, en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que exige su función, deben actuar con la mayor proximidad posible a la realidad social, es no sólo deseable sino obligado. Como lo es que uno de los criterios de los jueces en la interpretación de las normas es "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" (Código Civil, artículo 3º). ¿No fue ése el criterio que llevó al Tribunal Supremo a cambiar su consolidada jurisprudencia sobre la redención de penas por el trabajo en el caso Parot, con el aplauso de quienes, sin embargo, lo critican ante la menor sospecha de aplicación por parte de jueces como Garzón o se le echan directamente a la cara a Conde-Pumpido, como hace el senador Conde?
El PP es muy libre de mantener su discurso "de rendición a ETA" referido al llamado proceso de paz, pero Conde-Pumpido defiende principios básicos del Estado de derecho al exigir que no se confundan "la justicia con la venganza y la sospecha con las pruebas del delito" e incluso cuando señala que la fiscalía, y la justicia en general, "no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos".
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