Familiares de Esperanza Aguirre dieron un 'pelotazo' tras una gestión de Porto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.

Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.

- Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.

La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros.

- Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.

Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).

Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.