El Consell no consigue desmarcarse de las maniobras del PP contra el fiscal

La Consejería de Justicia intentó ayer achicar el agua para evitar hundirse. El consejero, Miguel Peralta, se desvinculó de las maniobras de su secretario autonómico Fernando de Rosa para montar una comisión del PP que vigile las actuaciones de Ricard Cabedo, fiscal jefe del TSJ. Las explicaciones de ambos provocaron una enorme confusión de lo institucional y de lo partidario que provocó la condena de la oposición y de Jueces para la Democracia, así como el desmarque de dos supuestos integrantes de la comisión del PP. "Si pretenden presionar, han dado en hueso", dijo Cabedo.

Tintoré dice que no irá a ninguna comisión a criticar, censurar y fiscalizar

Cabedo estudia llevar al Fiscal General del Estado el "salto cualitativo" del PP

El consejero de Administraciones Públicas, y Justicia, Miguel Peralta, reconoció ayer que desconocía las gestiones que había hecho su secretario autonómico, Fernando De Rosa, para constituir un grupo integrado por ex fiscales y ex magistrados en el seno del PP que vigilase la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo. "Ni es una comisión para fiscalizar a Cabedo, ni tiene ningún tipo de dependencia de la Consejería", repitió el consejero, que insistió en que se trata de una comisión organizada desde la dirección del PP.

Ricardo Costa, vicesecretario regional del PP, anunció el pasado 28 de septiembre la creación de una comisión para vigilar las actuaciones de Cabedo. Ayer, guardó silencio.

El escándalo estalló el pasado fin de semana cuando el PP hizo pública la relación de integrantes de la comisión destinada a fiscalizar la legalidad de las actuaciones de Cabedo. El ex fiscal jefe del TSJ Enrique Beltrán se vio sorprendido por la información y desveló que el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, había contactado con él, pero no para fiscalizar a Cabedo, sino para asesorar sobre mejoras en la Administración de Justicia.

Peralta insistió ayer en argumentar, pese a desconocer las gestiones de De Rosa, en que la comisión de expertos que se plantea crear el PP "es para asesorar al presidente de la Generalitat en cuestiones jurídicas cuando se estimen convenientes".

La confusión entre el ámbito institucional y partidario afectó también al cometido de la comisión que pretende crear el PP y para la que el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, contactó con el ex fiscal jefe del TSJ, Enrique Beltrán; el ex presidente de la Audiencia de Castellón, Fernando Tintoré, el profesor de Derecho Constitucional, Alexandre Català y el abogado Benito Nemesio.

Tintoré aseguró ayer que "en absoluto" formará parte de la comisión que el PP ha anunciado, informa María Fabra. El ex presidente de la Audiencia de Castellón explicó que sólo mantuvo una "brevísima conversación" con el secretario autonómico de Justicia durante la que le expuso la posibilidad de crear un comité de expertos, dependiente de la Generalitat, para asesorar sobre posibles reformas de la Administración de Justicia. Desde entonces no ha tenido ninguna noticia más hasta que apareció en la relación de integrantes de la comisión del PP. "No me habló del partido, ni mucho menos me dio el nombre de Cabedo, al que conozco desde hace 45 años", señaló Tintoré. "Yo no voy a criticar, ni censurar, ni fiscalizar", prosiguió Tintoré, que dijo que si se trata de un comité de expertos "estaría dispuesto, me lo proponga quien me lo proponga, siempre que se respetara mi opinión y no se me impusiera nada".

Peralta, insistió ayer en que "sí puede haber una comisión que vea y analice para el PP las actuaciones [del fiscal jefe Ricard Cabedo] que se están produciendo y decir que, efectivamente, se puede desde el punto de vista político pensar que hay una actuación dispar entre unos casos y otros".

"Una comisión para fiscalizar tiene que tener acceso a lo que se fiscalice y no creo que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia facilite información a una comisión de la que él no tiene dependencia".

De Rosa también intentó justificar su actuación y argumentó que había realizado las gestiones como presidente de la comisión de Justicia del PP provincial de Valencia. El secretario autonómico de Justicia reconoció que habló con Beltrán el pasado 5 de octubre y que le habló de "formar parte de una comisión en el PP", en la que podría discutirse una propuesta para que el Estatuto fiscal se reforme para que sea incompatible ser fiscal superior y estar casado con una diputada socialista, como lo está Cabedo.

De Rosa insistió en que la comisión acabará funcionando y aseguró que contaba con el visto bueno del presidente regional del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, para impulsar la creación de la citada comisión.

Quien reconoció no saber nada de la idea de la dirección regional del PP de crear una comisión para fiscalizar las actuaciones de Cabedo fue el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Justicia del PP regional, Manuel Gómez. "No tengo ni idea", sentenció el responsable popular, que reconoció que la dirección regional ha optado por orillar su secretaría para dar protagonismo al secretario autonómico de Interior, Luis Ibáñez, en materia de seguridad ciudadana, y ahora a Fernando de Rosa.

El fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, aseguró ayer que Enrique Beltrán le llamó el sábado y le explicó que no había prestado su consentimiento para examinar a nadie. Cabedo estudia dar traslado de la iniciativa del PP al Fiscal General del Estado porque "ha habido un salto cualitativo al intervenir el secretario autonómico de Justicia". "Ya existe una comisión mixta entre la Consejería y esta Fiscalía", prosiguió Cabedo, "Si pretenden presionar o perturbar, han dado en hueso".

La Asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que defendió la gestión de Cabedo, recriminó las prácticas de "intromisión en el funcionamiento de la Fiscalía" y recordó que la Generalitat no tiene competencias para impulsar "órganos censores".

Jueces para la Democracia expresó su estupor porque "De Rosa, en lugar de contribuir a paliar las importantes carencias de la Fiscalía, prefiera dedicarse a este tipo de prácticas inadmisibles que carecen de la menor legitimidad". "Todas estas actuaciones implican cierto nerviosismo ante la apertura de causas sobre temas de corrupción, en los no que resulta admisible cuestionar la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía, ni la independencia de nuestros órganos judiciales", señala el comunicado.

La oposición parlamentaria acusó al PP de poner en entredicho el Estado de Derecho.