El fiscal pide cárcel para los responsables de una obra en la que murió un pintor

Dentro de su nueva política de severidad contra las infracciones laborales, la Fiscalía de Madrid solicita tres años y nueve meses de cárcel para seis responsables de una obra -entre ellos, el arquitecto y dos aparejadores- por la muerte de un pintor al que le cayó encima una puerta de hierro de 700 kilos en La Moraleja. El trabajador, Bernardo Porras, dejó viuda y tres hijas. Si el juez impone finalmente esa pena, los acusados deberán ingresar en prisión, algo que hasta ahora no era habitual en este tipo de delitos. España es el país europeo con más siniestralidad laboral.

El pasado 18 de septiembre, este periódico publicó una sentencia pionera y ya firme en la que la Audiencia de Madrid imponía dos años y seis meses de cárcel -por dos delitos de homicidio imprudente y uno contra la seguridad de los trabajadores- a los responsables de una obra de la calle Julián Camarillo (San Blas) en la que murieron dos trabajadores el 21 de mayo de 2001. Esa condena implicaba el ingreso en prisión de los acusados. Cuando una pena supera los dos años no cabe aplicar la remisión condicional y los reos tienen que ingresar necesariamente en prisión, al menos en este tipo de delitos contra los trabajadores.

El accidente sobre el que ahora se pronuncia la fiscalía, ocurrido en La Moraleja en 2002, llevará al banquillo de los acusados a seis personas, entre ellas el arquitecto y los dos aparejadores. Según el ministerio público, los seis cometieron un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con otro delito de homicidio imprudente, porque vulneraron la ley que obliga a los responsables de una obra a elaborar un plan de seguridad y definir en él con claridad las medidas de prevención.

Plan de seguridad

En este caso sí existía un plan de seguridad, pero en él no figuraba "una mención específica a la instalación y uso" de la puerta corredera de hierro que cayó sobre el operario.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2002. Ese día, sobre las 13.15, el oficial de pintor Bernardo Porras, de la empresa Pintura y Decoraciones Goya, se hallaba en una vivienda en obras de La Moraleja junto al aprendiz Leonardo Murillo. Ambos estaban realizando tareas de acabado de la pintura de una puerta corredera de hierro. La puerta estaba colocada en el acceso a la finca y había sido instalada varios meses antes.

Según el relato de la fiscalía, cuando Bernardo Porras la empujó para realizar su trabajo -pese a tratarse de una puerta eléctrica, se accionaba manualmente porque no tenía instalado y en funcionamiento el motor eléctrico-, ésta se salió de su carril, rompió el tope metálico colocado al final del recorrido y cayó encima de Bernardo Porras, aplastándolo con sus 700 kilos de peso. El hombre murió prácticamente en el acto.

El fiscal considera que en el plan de seguridad de la obra debió incluirse un sistema de prevención para evitar que la puerta se saliese de los rieles. No existía tampoco un manual de instrucciones, y ningún responsable de la obra explicó a los operarios cómo debían actuar para evitar que la puerta se desplomara al suelo. "Con el grave riesgo que ello suponía, dado el gran tamaño y peso de la puerta", destaca la fiscalía de Madrid en su escrito de acusación provisional.

Los acusados en este proceso son María del Carmen Gómez, apoderada de la empresa Teconsa, a quien el dueño de la casa encomendó la obra; Matías Arroyo, director de la citada empresa; el arquitecto Gonzalo Echineque Gordillo; los aparejadores Pilar Guisasola y Francisco Navarro, quienes elaboraron al 50% el plan de seguridad, y Ramón Moreno Fernández, a quien, como encargado de la obra, los aparejadores encomendaron las labores de coordinación de seguridad. Para las tareas de pintura, Teconsa subcontrató a la empresa en la que trabajaba el oficial de pintura fallecido.

El fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente con un total de 153.000 euros a la viuda y a las tres hijas del fallecido, que en el momento de los hechos tenían 28, 27 y 10 años, respectivamente, y les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con otro delito de homicidio imprudente. El dueño de la casa, que tenía un seguro con Catalana Occidente, ha sido declarado responsable civil subsidiario junto con su compañía de seguros.