25 asociaciones exigen que la Ley de Memoria anule juicios franquistas

Se inicia una campaña de presión al Congreso de los Diputados

Un grupo de 25 asociaciones de recuperación de la memoria republicana y formaciones políticas, entre las que está la federación madrileña de Izquierda Unida, presentarán hoy un manifiesto con 13 puntos mínimos que exigen para lograr que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno tenga el apoyo de quienes han presionado en los últimos años para conseguir esta reforma. Entre las exigencias básicas está la anulación de los juicios sumarísimos y la eliminación del callejero franquista.

La Ley de Memoria, que se tramita estos días en el Congreso, donde PP, ERC e IU-ICV preparan enmiendas a la totalidad, está siendo muy contestada desde las organizaciones de la izquierda. Hasta el punto de que el Ejecutivo se prepara para una negociación difícil en el Congreso en la que aparentemente sólo cree contar de momento con el apoyo de los nacionalistas de CiU y PNV.

Las organizaciones que representan a exiliados, familiares que reabren fosas comunes y grupos vinculados al PCE comienzan hoy su campaña de presión al PSOE para que cambie la ley. Éstos son los puntos que reclaman.

1. Condena al régimen franquista.

2. Declarar la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y/o sanciones.

3. Aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (imprescriptibilidad, derecho a saber, derecho a la justicia, derecho a la reparación).

4. Seguimiento y continuidad pública e institucional de todo el proceso de la recuperación de la memoria histórica.

5. Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimiento relacionados con al Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista.

6. Determinación en la ley de la obligación administrativa en la intervención pública e institucional en las labores de localización, identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, y en su caso exhumación, así como la divulgación de los resultados. Elaboración de un protocolo de actuación científica multidisciplinar.

7. Establecer la obligatoriedad para todas las Administraciones (central, autonómica y local) de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios...

8. Instar a las instituciones privadas, especialmente a aquellas que perciban fondos o subvenciones públicas, a lo establecido en el párrafo anterior.

9. Diseñar un plan de actuación sobre el Valle de los Caídos tendente a promover el traslado de los restos de las personas enterradas en su altar y su entrega a sus familiares. Regeneración democrática del recinto que explicite de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.

10. Reconocimiento de la nacionalidad de origen para los descendientes del exilio.

11. Profunda revisión de los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la Guerra Civil y la dictadura.

12. Supresión de los artículos del proyecto de ley que limitan a las familias a conocer la verdad y su acceso a todos los archivos.

13. Reconocimiento del derecho de entidades sociales y culturales y de personas físicas, o en su caso de sus herederos, a la restitución de bienes incautados durante la guerra o la dictadura, por el régimen franquista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 15 de octubre de 2006.

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