La Guardia Civil combatirá el delito urbanístico con 200 agentes y empezará en Madrid, Málaga y Murcia

La Guardia Civil tiene a punto su plan para crear equipos especializados en la lucha contra la corrupción urbanística. El proyecto prevé la formación de un Grupo de Delitos Urbanísticos, compuesto por una treintena de agentes encuadrados en la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite del instituto armado contra la delincuencia organizada. Este núcleo central se completará con la creación en sus 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, con 170 agentes en conjunto. La previsión es que los equipos empiecen a funcionar a primeros de año de forma escalonada y que el primer escalón se establezca en tres provincias sacudidas por casos llamativos: Madrid, Murcia y Málaga.

Cada una de las 54 comandancias contará al menos con tres agentes para investigar y luchar contra los delitos urbanísticos

El núcleo del grupo especial tendrá una treintena de agentes y dependerá de la Unidad Central Operativa (UCO)

El instituto armado pretende que los nuevos equipos comiencen a funcionar a primeros del año próximo

La creación de estas unidades fue anunciada por Joan Mesquida, actual director general de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en una entrevista a EL PAÍS, publicada el pasado mes de agosto. Mesquida, entonces sólo al frente del instituto armado, decía que consideraba la creación de estos equipos "una necesidad", dado que casos como el de Marbella transmitían a la ciudadanía la sensación de que "hay que hacerla muy gorda" para que los poderes públicos actúen.

Las investigaciones sobre casos de corrupción urbanística han sido promovidas en muchas ocasiones por ciudadanos afectados, que obtuvieron pruebas por sus propios medios. Por ello, la idea de Mesquida era crear una ventanilla, un organismo al que el ciudadano pudiera acudir para pedir que se investigue. "Quiero que en este tipo de delitos no haya sensación de impunidad. Ahora yo no me atrevería a decir que el corruptor y el corrompido estén preocupados y a mí me gustaría que se preocuparan", dijo en la entrevista.

Fiscalía Anticorrupción

Lo que era sólo una idea ya está en proyecto y diseñado sobre el papel, aunque aún puede haber cambios. El objetivo es la detección y represión de los delitos urbanísticos, así como la investigación de las tramas relacionadas con cualquier delito que afecte a la ordenación del territorio.

La Guardia Civil apenas ha tardado mes y medio en elaborar el proyecto y en presentárselo a Mesquida, aunque aún tendrá que ser sometido a retoques. Las nuevas unidades estarían a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio de Justicia decidió en abril la creación de 25 nuevas plazas de fiscales para combatir los delitos de corrupción urbanística. Poco antes, el 24 de marzo, fue nombrado un coordinador de medio ambiente y urbanismo dentro de la Fiscalía General del Estado. Las nuevas unidades, en principio, dependerían de estos fiscales.

La creación de los nuevos equipos, según fuentes del instituto armado, supone "un notable esfuerzo" de personal y de recursos materiales, por lo que la implantación se hará "de manera escalonada". Los agentes, además, tendrán que recibir formación en derecho urbanístico y en análisis e investigación de patrimonios personales. Las primeras unidades en tener agentes especializados en corrupción urbanística serán aquéllas ya implicadas en la investigación y lucha contra la delincuencia organizada o delitos medioambientales. Es decir, la UCO, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las comandancias y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

El primer paso, según el proyecto, será la creación en la UCO, dentro del Departamento de Delitos Económicos y Telemáticos, del llamado Grupo de Delitos Urbanísticos. Estará compuesto por entre 25 y 30 agentes, dirigidos por un comandante. Será el núcleo central de las nuevas unidades, con capacidad de prestar apoyo allí donde sean requeridos. Este grupo estará ubicado en Madrid.

La UCO, actualmente dirigida por el coronel Félix Hernando, ya cuenta con agentes especializados en la investigación de patrimonios y ha realizado numerosas investigaciones para vincular determinadas posesiones a determinados delincuentes y establecer que esos bienes eran fruto de la actividad delictiva del investigado.

El segundo paso será la implantación escalonada en las 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, dentro de las secciones de Investigación Criminal de la Policía Judicial. El proyecto prevé que en esas comandancias haya entre 160 y 170 agentes, con un mínimo de tres guardias en cada una de ellas. La previsión, aún sometida a consideración, es que los primeros equipos se creen en las provincias de Málaga, Madrid y Murcia.

Sólo en el ámbito rural

La elección, según las fuentes consultadas, se debe a que en estos tres puntos es donde más menudean las denuncias y casos de corrupción urbanística, o al menos los más conocidos. La Guardia Civil trabaja fundamentalmente en el área rural, lo que, al menos inicialmente, dejaría fuera de su competencia los casos que afectan a las grandes ciudades.

El despliegue se completaría con la creación en el Seprona de equipos de inspección, cuyo cometido será la detención y represión de los delitos o ilícitos que afecten a la ordenación territorial allí donde el desarrollo urbanístico ha experimentado un mayor crecimiento. Se denominaría Equipo de Inspección Central Medioambiental y podría contar con una decena de miembros, dependientes de la jefatura central del Seprona.

El Seprona, durante 2004, detectó más de 6.000 infracciones penales y administrativas contra la ordenación del territorio, que llevaron a la detención de 55 personas y la elaboración de 879 informes. De esas infracciones, 5.293 fueron por cuestiones relacionadas con obras y edificaciones, según la última memoria del Seprona. Un total de 82 de los casos conocidos afectaron a parques nacionales.

El 28 de julio pasado, la Guardia Civil emitió una circular a todas las unidades del Seprona para conocer todas las infracciones urbanísticas penales y administrativas, y hacer el inventario de las edificaciones ilegales levantadas en España en los últimos tres años. El objetivo es conocer "el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan y denuncian por la Guardia Civil en materia de obras, construcciones y edificaciones ilegales". La circular pedía a los agentes que realizasen "una breve descripción" de los hechos que originan el mayor número de actuaciones y de las infracciones en materia de Suelo y Urbanismo, Aguas, Costas y Vías Pecuarias, entre otras. Ese plan será una de las guías de funcionamiento de las nuevas unidades.