Las autonomías podrán imponer un recargo en el recibo de la luz en 2007

Las comunidades autónomas podrán cobrar un recargo en el recibo de la luz a partir del próximo año. La medida, confirmada por el Ministerio de Industria, tiene como fin aumentar las inversiones en la red de distribución, mejorar la calidad del servicio y evitar los apagones. El recargo en la tarifa eléctrica (con una cuantía aún por decidir y de compleja aplicación, en opinión de las empresas) se asemeja al céntimo sanitario que algunas comunidades aplican a los carburantes para financiar la sanidad. Y romperá la tarifa única eléctrica, toda una tradición en España.

Los 25 millones de usuarios acogidos a la tarifa que aprueba el Gobierno cada año pagarán más o menos según su lugar de residencia. Al tiempo, las comunidades autónomas podrán aprobar planes de inversión en el sistema eléctrico y exigir a las empresas suministradoras que hagan un esfuerzo, medible en euros, para asegurar el suministro en su territorio.

El popular recibo de la luz sumará así otro concepto, el recargo autonómico, a los varios que ya soporta y entre los que destacan el 0,330% que se destina al pago de la moratoria nuclear; el 0,210% destinado a la gestión de residuos radiactivos o el 0,069% que financia la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En julio del pasado año se añadió, además, un 1,378% de la tarifa destinado a compensar el llamado déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes de las empresas) acumulado en 2005 y que ascendió a 3.810 millones de euros.

"Se trata de que las comunidades autónomas se corresponsabilicen en la garantía de lograr un mejor servicio a los usuarios", sostienen fuentes del departamento que dirige Joan Clos.

Las comunidades autónomas tienen ya la facultad de supervisar y sancionar la falta de calidad en el servicio (con motivos de grandes apagones lo han hecho Andalucía, Madrid, Cataluña y Extremadura), pero hasta ahora no podían exigir a las empresas planes de inversión. Ahora podrán hacerlo.

El nuevo recargo eléctrico, allí donde se apruebe, financiará parte de los planes que se exijan a las compañías para mejorar la red capilar de distribución de electricidad. Ésta cuenta con más de dos millones de kilómetros de cables. La medida será, a la postre, una forma de atender las demandas de las compañías, que se han quejado, desde hace años, de que los ingresos que reciben de la tarifa para atender sus costes de distribución, son insuficientes.

La mitad de los costes

La distribución de electricidad (actividad regulada por el Gobierno) supone, aproximadamente el 49% de los costes que se reconocen a las compañías. En dinero contante y sonante, la distribución supone para las empresas unos ingresos, vía tarifa, de unos 3.300 millones de euros anuales. En 2005 reclamaron, al menos, 4.000 millones.

En los últimos años, las compañías integradas en la asociación patronal Unesa (las grandes) han invertido cada ejercicio en la mejora de la red en torno a 1.500 millones de euros anuales, con un pico inversor, en 2004, de 1.823 millones.

Los apagones que se han sucedido en diversas comunidades, especialmente del sur y del este del país, han demostrado que esas inversiones no garantizan un servicio sin interrupciones. Menos aún con crecimientos de la demanda eléctrica de entorno al 5%, que han llevado a comunidades como Andalucía a superar la previsión de demanda de 2011 con cinco años de antelación.

La posibilidad de autorizar el recargo se ha tratado, según las fuentes consultadas, en diversas reuniones del consejo sectorial en el que están presentes representantes de Industria y de las comunidades autónomas. El nuevo secretario de Energía, Ignasi Nieto, lo ha planteado, además, como hecho cierto a alguno de los presidentes de compañías eléctricas con los que se ha reunido recientemente. En esos encuentros, señalan fuentes del Ministerio de Industria, Nieto ha tomado nota de las "sensibilidades", distintas, que han mostrado las compañías.

Porque tampoco en el espinoso asunto de cuánto se debe cobrar por la distribución hay unanimidad en el sector. Iberdrola, por ejemplo, ha vinculado cualquier posible mejora en el sistema de retribución a la calidad del servicio prestado. Una postura que quiebra el sistema en vigor. Éste retribuye la actividad de distribución de electricidad de las empresas sin tener en cuenta el estado de su red y la inversión que dedican a su conservación y mejora.

El recargo autonómico se aprobará mientras está pendiente la reforma en profundidad de la metodología que determina cuánto sube la luz cada año. Por ello, según fuentes empresariales, el céntimo eléctrico podría ser únicamente una medida temporal, más si se tiene en cuenta que la Comisión Europea empuja para que las tarifas energéticas reguladas desparezcan en la UE.

En España, el horizonte para la desaparición de las tarifas reguladas es el año 2011. Después de esa fecha, quedará una tarifa refugio para las familias con recursos más escasos.

Hacia la liberalización

En las conversaciones del nuevo responsable de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, con los presidentes de las compañías eléctricas ha quedado claro un mensaje: el sistema deberá avanzar hacia la liberalización y solucionar, de una vez, la cuestión del déficit tarifario (diferencia entre los ingresos de las empresas por tarifas y los costes de generación) que en el conjunto de 2006, según las previsiones que manejan las empresas, podría rondar los 3.700 millones de euros.

En estos momentos, todo el sistema está en revisión. Industria examina desde los incentivos (primas) que reciben las energías renovables, fundamentalmente la energía eólica, hasta las facturas de la gran industria intensiva en consumo de electricidad.

A falta de concretar números, según fuentes empresariales, la voluntad del nuevo equipo ministerial es limitar los incentivos que reciben las renovables y subir significativamente el precio de la energía a la gran industria, además de acercar las tarifas al coste real de la energía.

Fuentes de la asociación que agrupa a los grandes consumidores de energía eléctrica (AEGE) admiten que Industria y las empresas barajan subidas sustanciales para este grupo de consumidores y advierten de que incrementos excesivos podrían afectar a su actividad y por extensión a la economía del país.