Empresas de contenedores del puerto de Valencia ocupan suelo protegido sin licencia

Al menos seis empresas dedicadas al almacenamiento y reparación de contenedores portuarios -los llamados depots- en la ciudad de Valencia desarrollan su actividad de forma irregular. Las mercantiles deberían haber sido reubicadas de forma definitiva en el Parque Logístico de Riba-roja, que contará con 24.000 nuevas plazas para contenedores, en 2001. Mientras algunas de estas empresas funcionan sin licencia de actividad, otras están radicadas en suelo protegido. El consistorio valenciano afirmó recientemente que las obras de habilitación aún no han terminado.

Parte de estas compañías se establecieron provisionalmente en la pedanía de Castellar-Oliveral y en el municipio de Nàquera a raíz del linchamiento de un camionero de la empresa de contenedores Jocami Cargo en 1998. Antonio Civantos fue asesinado tras haber atropellado a un niño de etnia gitana en el barrio de Natzaret. Ante esta situación, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia ordenaron el cierre de los depots y firmaron un convenio con las empresas allí establecidas comprometiéndose a encontrar emplazamientos temporales y un lugar definitivo y apropiado para ellas en el plazo de dos años en el Parque Logístico de Riba-roja. Lo mismo sucedió con las firmas instaladas en la calle Jesús Morente Borràs, la mayor parte de las cuales se trasladaron a la Fuente de San Luís en 2004 a la espera de la apertura de la nueva área logística. Las obras de acondicionamiento y habilitación de este espacio "aún no están ejecutadas" según las últimas informaciones facilitadas por fuentes municipales.

La empresa SDS Spanish Depot Service S.A. abandonó Natzaret y se estableció en la pedanía de Catellar-Oliveral en 1999 a merced de un convenio firmado con el Gobierno Valenciano 6 años atrás. A través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario, el documento autorizaba el aprovechamiento urbanístico del suelo rústico agrícola, en el ámbito del parque natural de L'Albufera, para el desarrollo de la actividad mercantil por un término máximo de 4 años. Transcurrido este periodo, la compañía debía restituir la zona desmontando las naves y los edificios. Actualmente, SDS Spanish Depot Service S.A., continúa operando en esta parcela de 70.000 metros cuadrados. La asociación de vecinos de Castellar ya ha denunciado la situación. Milagros Marcos, miembro de la organización y residente en esta pedanía, considera inaceptable que la base siga ocupando suelo de la huerta y asegura que el trasiego de camiones de la compañía es continuo. "No sólo no se han ido de aquí en el plazo acordado sino que desde hace dos años hay otra base en la Font de Sant Lluís que se puede ver desde la pedanía. Vivimos entre contenedores", lamenta Marcos.

Junto a la V-30 entre la pista de Silla y Mercavalencia se amontonan centenares de contenedores en forma de muro gigantesco. La base de Font de San Lluis acoge la actividad de cuatro empresas: Valencia Container Depot, Docks, Intercontainer S.A. y Transmallorca S.A. desde 2004. La Generalitat autorizó la instalación provisional de las citadas empresas durante siete años pese a que la parcela en cuestión -de 87.000 metros cuadrados de superficie- forma parte del terreno que se expropió para destinar a la ampliación de la playa de vías de la estación de Sant Lluis. Una actuación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana y condición sine qua non para el desarrollo del proyecto del Parque Central.

Recomar S.A. es la otra empresa que tuvo que realojar su actividad tras los acontecimientos acaecidos en el poblado marítimo de Natzaret. En 2002, la mercantil llegó a un acuerdo con el entonces alcalde socialista de la localidad de Nàquera y actualmente primer teniente alcalde popular, Francisco Arnal, para ocupar una parcela colindante con el Parque Natural de la Serra Calderona. Aunque el primer edil le expidió una declaración de interés comunitario para utilizar el suelo con fines industriales la protección de la que gozaba el terreno no permitió revestir de legalidad la operación. El Ayuntamiento acabó por abrir un expediente a la empresa que concluyó en agosto de 2004 con una orden de desahucio y una multa. Recomar, sin embargo, ha mantenido su base en esta parcela y aún no se ha procedido al desalojo. En este sentido, José Miralles, concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Nàquera, acusó de dejación de funciones al actual alcalde, Ricard Arnal, por no ordenar la intervención policial. Sin embargo, la próxima aprobación del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, legalizará la actividad de esta firma convirtiendo en suelo industrial el terreno -de 70.000 metros cuadrados-. "Esta recalificación no tiene nada que ver con la actividad de Recomar ni interferirá en el cumplim

iento de la resolución del expediente porque responde exclusivamente a las necesidades de crecimiento de los polígonos industriales de la zona", aseguró el máximo responsable del consistorio, quien no precisó cuándo se hará efectivo el desahucio.