El Consejo de la Juventud dejó sin justificar en 2004 el 22% de sus gastos

La Cámara de Cuentas ha presentado este mes un informe en el que fiscaliza las cuentas de 2004 del Consejo de la Juventud, el foro de los jóvenes de la región y el interlocutor de sus intereses con el Gobierno regional. La conclusión de la Cámara es que el Consejo no sólo entregó sus cuentas fuera de plazo, sino que el 22% de los gastos está "insuficientemente" justificado y no existe un inventario de sus bienes. Además, cifra las pérdidas en 63.974 euros. Pero la propia Cámara alerta de que las deficiencias de control están causadas porque no se ha desarrollado el reglamento previsto por la ley.

El Consejo de la Juventud (CJ) presentó sus cuentas del ejercicio 2004 el pasado 22 de febrero. La Ley de la Cámara de Cuentas, en su artículo 16, establece que el organismo entregue sus números un mes después de haberlos aprobado. Sin embargo, el Consejo no lo hizo hasta el 16 de abril (casi dos meses después) y aún así, los datos eran incompletos.

El Consejo obtuvo el año fiscalizado dos subvenciones que le supusieron un presupuesto de 190.271 euros. De ellos, 175.083 euros correspondían a la asignación que recibe de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Además, la Cámara de Cuentas señala estas cuestiones:

- Ausencia de reglamento. El órgano fiscalizador recuerda que el 12 de noviembre de 2005 la Asamblea General del Consejo aprobó una propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento. Pero, agrega, el Gobierno de la Comunidad de Madrid todavía no ha decidido si lo aprueba. El consejero de Educación, Luis Peral, lo tiene en sus manos desde el pasado 7 de abril, según explica el presidente del Consejo de la Juventud, Juan Martínez.

"La ausencia de este reglamento, así como de normas internas de funcionamiento, supone una debilidad de control interno", afirma la Cámara de Cuentas. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, hasta 2006 la "persona encargada de llevar la caja no fue autorizada de manera expresa" para hacer pagos. Es decir, dos años después del ejercicio que fiscaliza el informe.

También argumenta la Cámara que "no existen expedientes de gasto", por lo que en la mayoría de los casos la necesidad de hacer pagos no viene justificada. Y afirma que no hay expedientes sobre las actividades del Consejo que incluya la documentación necesaria, un informe final de su responsable, ni un presupuesto aprobado.

- Sin inventario de bienes. El informe indica que hay un registro de bienes, denominado Libro de Inversiones, pero que no sirve para fiscalizar, porque no hay "una adecuada descripción y ubicación". Como ejemplo explica que la sede del Consejo está situada en dos pisos de la calle de San Bernardo, 24. El inmueble está arrendado por la Comunidad y cedido al órgano de los jóvenes. "Sobre esta cesión se verifica que no consta acuerdo escrito entre la Comunidad y el Consejo", afirma el informe.

- Justificación de gastos. El 22% de los gastos está sin acreditar, según el informe. Por ejemplo, explica que el Consejo tiene un servicio de limpieza, pero no se ha facilitado el contrato, y sólo consta que se abonan por ese concepto 12.788 euros. Otro caso: una transferencia de 480 euros por una visita de estudio a campos refugiados saharauis fue justificada con una factura de líneas aéreas, sin el nombre del pasajero, ni una copia del billete de avión.

Este apartado es un suma y sigue, en el que también se denuncian irregularidades en los gastos para reformar la sede social del Consejo, que ascienden a 59.378 euros. De esa cantidad, 39.942 es la cifra imputada al ejercicio 2004. El informe critica que, además de que no hay expediente completo de la ejecución de la obra, los trabajos se han contratado a través de varios proveedores, como si fuera un contrato menor (el que, según el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas no supera los 30.050 euros), pero juntos sobrepasan ese máximo.

- Recomendaciones. La Cámara propone una serie de medidas para solucionar la situación: el Consejo "debería contar con la mayor brevedad posible con el reglamento que tiene previsto"; con un inventario de bienes de inmovilizado, e implantar un procedimiento que permita la existencia de "un expediente para cada una de las actividades realizadas". Además, recomienda "elaborar un presupuesto de sus actividades, según la previsión de ingresos". También plantea que tiene, según la ley, una serie de vías de financiación, fuera de la partida de los presupuestos generales, "que debería tratar de utilizar".