El supuesto beneficio urbanístico a familiares de De la Torre convulsiona el Ayuntamiento

Las acusaciones del PSOE contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de favorecer a su familia en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) han elevado la crispación política hasta cotas desconocidas en el Ayuntamiento. El habitual rifirrafe entre partidos por asuntos de gestión ha derivado ahora en un delicado debate en el que se cuestiona la honorabilidad de algunos ediles. El PSOE considera "inmoral" la actuación del alcalde, mientras que el equipo de gobierno exige la dimisión del viceportavoz socialista por "embustero y manipulador".

El alcalde ha dado un plazo de cuatro o cinco días al número 2 del PSOE en el Ayuntamiento, Enrique Salvo, para que rectifique y pida excusas, antes de ponerle una querella criminal por difamación. "Ha manchado el nombre del alcalde con acusaciones falsas y ha creado una espiral en la que no le cabe otra salida que marcharse", dijo ayer la portavoz del PP, Mariví Romero.

Pero lejos de rectificar, Salvo ratifica que en el nuevo PGOU hay un cambio en el tratamiento urbanístico de una parcela de la que es copropietaria la madre del alcalde y por el que puede obtener importantes beneficios económicos.

Se trata de un terreno de 14.000 metros cuadrados junto a la desembocadura del Guadalhorce que pertenece a partes iguales a la madre de De la Torre, de 88 años, y a la familia de la ex concejal del PP Concepción Díaz, que está calificado de sistema general. En el nuevo PGOU se mantiene tal calificación, pero según el PSOE, ahora pasan a estar adscritos a un suelo urbanizable programado, y no a suelo no urbanizable, como estaban hasta el nuevo plan, con lo que la compensación a la que tienen derecho sus propietarios es mucho mayor.

Pero además, según el PSOE, el derecho a la compensación se otorga en el sector de La Térmica, el que más edificabilidad tiene de la ciudad y con precios del suelo muy elevados, lo que crea un sector discontinuo -entre la parcela de la familia de De la Torre y La Térmica hay suelos con otros parámetros urbanísticos-, algo que entiende es una "excepción" que no se da en ningún otro ámbito de la ciudad y que no está debidamente justificado en las ordenanzas del plan.

Enrique Salvo estimó el pasado lunes que la compensación a la que ahora tienen derecho los propietarios de la parcela equivale a la construcción de 130 viviendas, con unos 60 millones de beneficios. El propio PSOE ha matizado estos cálculos por los parámetros aplicados y otras fuentes consultadas estiman que el derecho sería a ocho viviendas, que coincide con la estimación realizada por el alcalde.

Pero el equipo de gobierno niega la mayor. Sostiene que no hay ninguna modificación, que el suelo no se ha adscrito al urbano de La Térmica y que "hay un derecho de compensación igual que el de todos los sistemas generales de la ciudad". Según el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, "ahora mismo es una falacia hablar de 8, 14 o 130 viviendas, está fuera de lugar". "Se le dará aquel aprovechamiento que se pueda materializar en el sector en el que se le adjudique", dijo con aire malhumorado, y apostilló: "El señor Salvo ha mentido, ha difamado y hasta que no pida perdón no tengo nada más que hablar del asunto", dijo.

La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, insistió en tachar de "inmoral" la actuación del alcalde. Ayer también se sumó a la polémica IU, cuyo portavoz adjunto, José Luis Portillo, aseguró que recordó que "el urbanismo debe estar al servicio del interés general y no para el beneficio de intereses particulares y familiares".

IU y PSOE han solicitado la comparecencia del alcalde ante el pleno o la comisión de Urbanismo para dar explicaciones. El PSOE además estudia la viabilidad de impugnar el pleno municipal en el que se aprobó inicialmente el PGOU al entender que De la Torre se tenía que haber abstenido en la votación por sus intereses familiares. El alcalde ha dicho que consultó verbalmente al secretario sobre la cuestión y que éste le indicó que no había incompatibilidad. Pero para Bustinduy, "es incomprensible que se ponga al secretario de parapeto, cuando tuvo la oportunidad de hacer formalmente la consulta en la junta de portavoces o en el pleno".