La Vila Joiosa reúne más de 2.000 chalés ilegales en suelo no urbanizable

El municipio de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, cuenta con más de 2.000 chalés ilegales. Las casas se ha levantado en suelo no urbanizable a partir de pequeños almacenes de aperos en la huerta. Las edificaciones vulneran la legislación que obliga a una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados. El principal incremento de estas viviendas se ha producido con el gobierno del PP. La eventual legalización de las casas pasa por una modificación puntual del planeamiento urbano. Según el PSPV, el caso de La Vila es un calco del de Catral, Ayuntamiento al que ha retirado el Consell las competencias urbanísticas.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1999 abría la posibilidad de regularizar la situación, y preveía la redacción de un plan especial para las casas diseminadas encaminado a legalizarlas con la Ley de Suelo no Urbanizable de 1992. Esta norma permitía delimitar zonas del término municipal con un trato diferente a la exigencia de los 10.000 metros cuadrados por parcela. El PGOU señalaba que el plan especial debía afectar a la zona comprendida entre el río Amadorio, el río Torres, la autopista y el casco urbano, es decir, a 443,26 hectáreas de suelo no urbanizable, y además limitaba el tiempo para su elaboración a un año. El alcalde del municipio, José Miguel Llorca, presentó una propuesta al pleno del 11 de noviembre de 2004, justo un mes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Suelo no Urbanizable que impedía la elaboración de estos planes parciales.

El principal partido de la oposición, el PSPV, cifra en más de 2.000 las construcciones fuera de ordenamiento urbanística, surgidas por el desarrollo de pequeñas casetas construidas para almacenar los utensilios de labranza en parcelas agrícolas que explotaban pequeños propietarios. Hoy, en algunos casos, se han convertido en lujosos chalés con piscina, en suelo no urbanizable. La propuesta aprobada en 2004 por el PP y no aplicada por no ajustarse a la nueva ley, permitía legalizar las casas levantadas en parcelas de 3.000 metros cuadrados, lo que beneficiaba sólo a los vecinos con más suelo. Un 62,03% podía acogerse al plan y el resto seguía al margen del ordenamiento. El PSPV pidió una rebaja a 2.500 metros que no fue aceptada.

El portavoz socialista, Gaspar Lloret, recordó ayer la situación después de revelar la denuncia que el Seprona presentó ante el Ayuntamiento y el servicio territorial de la Consejería de Territorio por permitir construcciones en suelo no urbanizable y de protección paisajística en la Partida del Carabassot. Lloret señaló que el artículo 73 del PGOU recoge: "En suelo no urbanizable sujeto a una especial protección no se podrán ubicar instalaciones ni construcciones u obras, salvo aquellas que se prevén expresa y excepcionalmente en este plan general por ser necesarias para su mayor conservación y disfrute público compatible con los específicos valores justificativos de su especial protección". La secretaria de Organización del PSPV en La Marina Baixa, Fanny Serrano, destacó el "desconocimiento y la vulneración de la normativa legal por parte del gobierno local".

El portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas, Antoni Such, presentó ayer una pregunta dirigida al consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, sobre cuáles son los "criterios objetivos" de ese departamento para la retirada de las competencias urbanísticas a los municipios.