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Garzón ve vínculos entre la Operación Ballena Blanca y la estafa de los sellos

El Congreso pide un informe al Gobierno trasrecibir cientos de quejas por Fórum y Afinsa

El juez Garzón ha imputado al abogado Domingo Cuadra y al empresario José Manuel Carlos Llorca por la conexión de la Operación Ballena Blanca, donde se investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con la presunta estafa de los sellos de Fórum Filatélico. Según fuentes jurídicas, cuando se cumplen los cinco meses de la intervención judicial de Fórum, esta línea de investigación es una de la que se encuentra más avanzada en el caso de la sociedad filatélica, que ha provocado ya, entre otras pesquisas, siete comisiones rogatorias internacionales.

La Fiscalía Anticorrupción rastrea en Luxemburgo, Suiza, Holanda, Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania las transacciones entre cuentas bancarias de algunas compañías que actuaban como proveedores de Fórum, otras que pertenecían a filiales de la compañía filatélica y las particulares de varios ejecutivos de la sociedad.

El pasado mes de julio, Garzón asumió la parte de la investigación de Ballena Blanca que relacionaba a Fórum con esta operación antiblanqueo, cuyas pesquisas sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), el mismo que investiga la Operación Malaya.

Precisamente, en octubre de 2005, fueron blanqueados 13,63 millones de euros depositados en una cuenta del despacho Cuadra Asociados, recibidos desde otra cuenta de Fórum en Luxemburgo. Fuentes de la defensa del ex presidente de Fórum, Francisco Briones, aclararon que se trata de operaciones de las que hay pleno reflejo en la contabilidad de Fórum, claramente identificadas e identificables, sin que se haya efectuado ningún pago en dinero negro.

Comisión de investigación

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha solicitado al Gobierno socialista "la emisión de un informe urgente", tras recibir cientos de escritos de afectados de las supuestas estafas filatélicas de Fórum y Afinsa.

En líneas generales, los afectados reclaman en sus peticiones la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades y censuran el "incomprensible silencio" y la "pasividad" de los poderes públicos en este asunto. Principalmente, los afectados señalan al Ministerio de Sanidad y Consumo.

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