Digitalización de archivos

Le escribo estas líneas para expresar mi discrepancia sobre el proceso de digitalización, por los miembros de la organización Sociedad Genealógica de Utah, de los documentos municipales de los Ayuntamientos citados (Manacor, Capdepera, Andratx, Mérida y Archidona) en su artículo del CiberP@is del 5 de octubre. La discrepancia se basa en dos motivos: 1. Es increíble que en una sociedad democrática y garante de las libertades del ciudadano, se encargue a una sociedad de una confesión religiosa determinada, sin garantías de otros usos incontrolados a posteriori, el archivo digital de datos privados de los ciudadanos de los que la autoridad competente es sólo depositario (en confianza). ¿Por qué a ellos y no a una congregación monacal ortodoxa, a una sociedad musulmana, a una entidad católica o budista? ¿No sería más lógico que estos ayuntamientos habiliten los presupuestos correspondientes y digitalicen los documentos mediante una empresa especializada con todas las garantías de confidencialidad y de que los registros quedan en poder del propio Ayuntamiento? ¿Por qué se permite que se almacenen en un país extranjero sin posibilidad jurídica de comprobación de la confidencialidad y uso adecuado? ¿No existe una ley en España sobre privacidad de datos almacenados en sistemas de información?

2. No es comprensible que EL PAÍS se haga eco de semejante disparate y no lo denuncie precisamente por lo contrario: como atentatorio contra las libertades y el Estado de derecho.