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Reportaje:El urbanismo en la región La corrupción

Cerco a una gestión

Cronología de las supuestas actuaciones irregulares de Porto

La gestión del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, se ha puesto en entredicho a raíz de las informaciones que ha ido publicando EL PAÍS a lo largo de casi un mes. El cerco de información sobre su actuación le llevó a dimitir el pasado martes 3 de octubre.

- 12 de septiembre. El director general reconoce que no se ha inhibido cuando Urbanismo ha tramitado planes redactados por su antigua empresa, Plarquin. Ésta es una consultora a la que cedió sus contratos como arquitecto y en la que también han trabajado uno de sus hermanos y una hija. "Yo, a partir de ahora, me voy a inhibir porque es más elegante y me causa menos problemas", afirmaba. "Pero en pureza, no hay incompatibilidad en esto". El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos sí exige su inhibición.

- 14 de septiembre. Ecologistas en Acción y el PSOE denuncian que los expedientes de proyectos urbanísticos privados de Porto o sus socios en Moralzarzal, Guadarrama y El Molar tienen ahora informes medioambientales favorables, pese a que fueron vetados por el Gobierno regional bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Medio Ambiente responde que aún no han sido aprobados.

- 25 de septiembre. Porto había declarado que sólo se había inhibido una vez en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin: en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar. Había trabajado en este proyecto antes de ser director general y luego lo retomó Plarquín. Un escrito demuestra que tramitó y agilizó el expediente.

- 3 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia ha requerido dos veces en 10 meses -la segunda bajo amenaza de multa- al Gobierno regional para que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, agilizado por Porto. Este mismo día, EL PAÍS se pone en contacto con Porto para contrastar la información de la que dispone: Porto autorizó en 2004 un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid), que incluía la urbanización de más de 20.000 metros cuadrados. Una parte de estos terrenos eran de su propiedad, desde 1988, y el resto, de la sociedad Elclansol, que pertenece desde 1994 a su esposa, con la que tiene régimen de bienes gananciales. Dicho suelo, rústico en origen, fue recalificado en 1999 como urbano por un plan general que redactó el propio Porto cuando era arquitecto privado, contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En enero pasado, el director de Urbanismo y sus socios vendieron esas fincas por 4,3 millones de euros. Cuando las compraron pagaron 87.000 euros.

Dos horas después de esa llamada, la Consejería de Medio Ambiente anuncia la dimisión de su director general de Urbanismo. Porto no responde a las llamadas de este periódico y, a través del consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, se hace público que explica su cese en "motivos personales" y en que, fuera del cargo, quiere ejercer su defensa. También mantiene que la dimisión se había realizado el día anterior, 2 de octubre.

- 4 de octubre de 2006. Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos, que facilitó la operación urbanística que benefició a Porto y sus socios. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 metros cuadrados (que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones) su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria.

- 6 de octubre de 2006. Porto desoye las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos), donde él poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. En su informe final y sin las firmas de los técnicos, Porto dio por subsanadas las deficiencias que habían señalado los técnicos. En enero de 2006, él y sus socios vendieron esos terrenos por 4,3 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de octubre de 2006