"Hay que mejorar las leyes de protección de testigos y extranjería"

Miguel Ángel Arias (Badajoz, 1967) es el fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva encargado de los casos de inmigración desde hace 10 años y también es vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Sobre su mesa han pasado investigaciones importantes, como la descubierta en la Oficina de Extranjeros de la capital hace menos de dos semanas sobre la falsificación y venta de documentos para extranjeros a cambio de dinero o favores sexuales. Se trata de un caso que sigue abierto y bajo secreto de sumario y por el que un funcionario de la oficina está en prisión. A pesar de la resonancia del caso, Arias quiere dejar clara una idea: "En Huelva no hay un problema de orden público con la población extranjera" y resalta que en estos temas, "algunos profesionales estamos obligados a dar una visión tranquila".

Pregunta. El último caso delictivo de la Oficina de Extranjeros de Huelva, ¿es una excepción?

Respuesta. Por lo que podemos afirmar a nivel de la Fiscalía, sí es una excepción. Otra cosa es que haya habido unos procedimientos previos que, colateralmente, hayan tenido que ver con la oficina, pero nunca han llegado a juicio. Eran denuncias con un carácter bastante más difuso.

P. ¿Qué favorece que sucesos así ocurran?

R. Es la propia condición de vulnerabilidad de los extranjeros, que viven en un mundo absolutamente frágil, la que lleva a estos abusos. Es gente que quiere obtener el permiso de residencia a toda costa, e incluso se arriesgan a una expulsión. Hay que recordar que hablamos de un mundo opaco, donde las víctimas son personas que desconfían de los poderes públicos españoles. Es decir, que un extranjero en situación irregular vaya a denunciar a una comisaría es un paso muy difícil. Un caso así lo hemos visto en Málaga, donde los testigos perjudicados que denunciaron a los policías por abusos sexuales en el centro de internamiento de inmigrantes, fueron expulsados.

P. ¿Qué pide usted, desde la fiscalía, para tratar de evitar estos casos?

R. Hay que mejorar los instrumentos de las leyes, como la Ley de Protección de Testigos y Peritos. Hay algunos mecanismos en la Ley de Extranjería que permiten que el inmigrante colabore con la justicia sin miedo a que vaya a ser expulsados, pero posiblemente también son mejorables. Por ejemplo, hoy día, cuando el extranjero colabora para desmontar una red de tráfico ilegal de personas la ley permite que no sea expulsado en cuanto dure el procedimiento. Pero es una orden que debe dar la autoridad gubernativa. No es competencia de jueces o fiscales ordenar que se quede un testigo, luego sí hay aspectos mejorables.

P. ¿Es imprescindible la colaboración de los extranjeros en la resolución de casos?

R. La idea clave es que, aquellos procedimientos que salgan adelante y haya extranjeros perjudicados -tanto si los imputados son españoles u otros extranjeros que forman redes de delincuencia organizada- pasan por tener testigos protegidos, muchas veces ocultos en el procedimiento. Es la única manera. Y son testigos que, posiblemente, a cambio de esa colaboración en el procedimiento penal puedan solucionar su situación en España. Pero en extranjería tenemos serias dificultades para poder llegar a juicio, porque muchas veces no comparecen los testigos extranjeros. Tienen miedo al estar en situación irregular.

P. ¿Cuáles son los principales delitos investigados por la Fiscalía de Extranjería en Huelva?

R. Entre los principales, por su gravedad, tenemos los casos que favorecen la inmigración ilegal. También destacan los delitos que implican coacciones a los extranjeros en grupos organizados de mendigos y de extorsiones a inmigrantes por parte de sus compañeros en España. Y por supuesto están las falsificaciones de documentos, donde suele haber españoles implicados. Casos éstos en los que, generalmente, cuando el extranjero es víctima, también es estafado.

P. ¿En qué ha afectado el modelo onubense de inmigración basada en los contratos en origen?

R. Desde que se implantó el modelo se ha terminado con cierto tipo de delincuencia. Sobre todo los pequeños delitos que cometían extranjeros venidos por el efecto llamada y no tenían absolutamente nada: hurtos y robos.