El Alto Comisionado de la ONU pide la inmediata autodeterminación del Sáhara

"El derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental debe ser garantizado y puesto en práctica sin más dilación". Ésta es la principal recomendación que formula un exhaustivo informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos terminado en septiembre, pero que este órgano decidió mantener secreto. EL PAÍS tuvo acceso al documento. El pronunciamiento es una carga de profundidad contra Marruecos, cuyas autoridades han puesto a punto un segundo plan de autonomía, más ambicioso que el primero de 2003, para la ex colonia española.

Ahora la diplomacia marroquí se dispone a entregarlo a Naciones Unidas. Antes incluso de ser conocido el proyecto marroquí ha recabado bajo cuerda el apoyo de varios Gobiernos europeos.

La delegación del Alto Comisionado visitó en mayo Rabat, El Aaiún, la capital del Sáhara, y los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Su informe pone en aprietos a Marruecos -aunque también formula críticas a los independentistas saharauis del Frente Polisario- cuando faltan tres semanas para que el Consejo de Seguridad de la ONU vuelva a debatir del asunto.

La no publicación del informe desató las críticas del Polisario. A principios de semana acusó a Naciones Unidas, por boca de su representante Mohamed Sidati, de someterse a las presiones de Francia empeñada, según él, en mantenerlo en secreto.

"El carácter confidencial del documento fue decisión de la Alta Comisionada [Louise Arbour] y no se debió a las presiones de las partes", afirmó José Luis Díaz, portavoz de la institución. "Creemos que la mejor manera de aplicar las recomendaciones del informe es a través de los contactos bilaterales con las partes".

Papel de la Minurso

"Es indispensable que se vigile de cerca la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados", recalca también el documento en su segunda recomendación. Invita así implícitamente a la Minurso, la fuerza de Naciones Unidas desplegada en el territorio desde 1991, a asumir competencias en ese ámbito, algo que Rabat siempre rechazó.

La visita de la delegación a El Aaiún se produjo un año después de que, en mayo de 2005, empezasen las manifestaciones contra Marruecos que se prolongaron varios meses en diversas ciudades del Sáhara. Decenas de participantes fueron detenidos, juzgados y condenados por supuestas agresiones a policías, vandalismo o poner en tela de juicio la integridad territorial del reino.

"Los funcionarios marroquíes utilizaron la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada cuando ejercieron su responsabilidad de mantener el orden público", sostienen los autores del informe. La delegación da crédito a la acusación de saqueos de viviendas particulares por las fuerzas de seguridad, a los testimonios de tortura tras las detenciones, durante el traslado entre cárceles e incluso en un cuarto de la sede del Tribunal de Apelación de El Aaiún antes del juicio.

Tanto la estadística de las averiguaciones efectuadas como las explicaciones de la fiscalía a la delegación "no demuestran si se han investigado, o no, las alegaciones de tortura formuladas por las víctimas", prosigue el documento. En consecuencia "se deben tomar medidas urgentes para garantizar la plena aplicación por Marruecos de sus obligaciones" como Estado firmante del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Los funcionarios de la ONU muestran también "su preocupación ante las serias deficiencias a la hora de celebrar un juicio justo e imparcial". Coinciden así con anteriores valoraciones del Consejo General de la Abogacía Española que envió a varios letrados, encabezados por la canaria Inés Miranda, a que siguieran los juicios de independentistas. Miranda acaba de ser galardonada por la Internacional Bar Association que reagrupa a 18.000 abogados de todo el mundo.

El informe señala, por último, que "los obstáculos administrativos erigidos por las autoridades entorpecen la capacidad de la población del Sáhara a ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión". Recuerda además la disolución o las trabas puestas a ONG de derechos humanos y el cierre de páginas web de carácter independentista.

Aunque han sido formuladas en un lenguaje más cauto, las denuncias del Alto Comisionado concuerdan con las esgrimidas por varias ONG como Amnistía Internacional. La asunción de estas acusaciones por un prestigioso órgano de la ONU les otorga, no obstante, más peso.

Tras la lectura de estas conclusiones, Rabat no ha querido repetir la experiencia de la visita al Sáhara de otra delegación. Por eso el presidente del Parlamento marroquí, Abdelwahed Radi, canceló el miércoles pasado -24 horas antes de su partida- su invitación a la Eurocámara para que un grupo de diputados viajasen a El Aaiún. Los partidos integrados en esa delegación, de la que formaban parte el socialista Carlos Carneros y Raúl Romeva, de Iniciativa per Catalunya, lamentaron en un comunicado "esta actitud de un país que es un socio privilegiado de la UE".