Grupos cívicos achacan a la pasividad del Consell las casas ilegales en El Hondo

La Coordinadora La Vega Baja no se Vende responsabilizó ayer al Consell de la proliferación de casas ilegales en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo, así como de indiscriminada edificación en el resto de suelo agrícola de la mayoría de los municipios de la Vega Baja. La entidad denunció la ausencia de un plan para proteger la huerta. La oposición también se sumó a estas críticas y achacó a la política del Gobierno del PP las viviendas ilegales en decenas de municipios valencianos. El Consell anunció que se personará en la investigación judicial sobre el caso Catral.

Burriel dice que "los responsables del desastre urbanístico son los que ahora se escandalizan"

La Generalitat se personará en la investigación judicial por el 'caso Catral'

La Coordinadora La Vega Baja no se Vende -entidad que aglutina una veintena de colectivos cívicos y conservacionistas de la comarca- se constituyó en abril de 2005 para alegar al Plan de Acción Territorial de la comarca y como reacción a la proliferación de proyectos urbanísticos que afectan a espacios naturales de la comarca, como la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. El colectivo calificó como "un gesto con vistas a la galería" la iniciativa de la Consell de suspender las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral por la construcción de unas 1.200 casas ilegales en suelo agrícola.

El portavoz de la coordinadora, Miguel Ángel Pavón, subrayó que "gran parte" de la responsabilidad de esas edificaciones recae en el Consell. Pavón denunció que la Administración autonómica no haya impulsado ninguna medida concreta para proteger la huerta, pese a estar previsto en el Plan de Acción Territorial de la comarca. "De esta forma las construcciones se hubieran limitado a las estrictamente de carácter agrícola", puntualizó.

El portavoz de la coordinadora y, a su vez, miembro del grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, también resaltó la, a su juicio, dejación de funciones del Consell a la hora de aplicar "medidas cautelares" en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo. "En el decreto del Consell de 2003, se recogía está posibilidad, así como la ampliación del perímetro, fijado hasta ahora en unos ridículos 500 metros en el caso de los términos de Crevillent, Catral y Dolores", subrayó Pavón. "La extensión del perímetro de protección sólo se hizo efectiva en el caso de Elche, incrementando hasta en 1,5 kilómetros el veto a las construcciones", añadió. Para el colectivo, la mayoría de las casas ilegales que se levantan en el área de protección del Hondo, en el término de Catral, son una consecuencia de la "pasividad" del Consell, que en última instancia debía de dar el visto bueno a cualquier iniciativa urbanística en la zona.

El ecologista destacó que la "falta de determinación" del Consell a la hora de proteger los espacios naturales la corrobora el PAU 21 -programa urbanístico que se ejecuta en el entorno de Sierra Escalona, en el término de Orihuela- "Aquí, las obras han comenzado, pese a que el Ayuntamiento no ha aprobado todavía el proyecto de reparcelación, pero nadie las ha paralizado", dijo.

A las críticas sobre la supuesta responsabilidad de la Generalitat valenciana en la urbanización ilegal de la huerta de decenas de municipios valencianos también se sumó el primer partido de la oposición. Eugenio Burriel, secretario de Urbanismo del PSPV, señaló que "este desastre urbanístico no es fruto del azar y la casualidad, sino que es el resultado de once años de gobierno de Camps, y ahora son precisamente los responsables los que se escandalizan". "El consejero de Territorio se escandaliza de Catral mientras se tapa los ojos para no ver las causas judiciales pendientes por corrupción urbanística de muchos municipios del PP", añadió. Mientras, la Generalitat Valenciana anunció ayer que se personará en las diligencias previas abiertas por el juzgado número 5 de Orihuela por las casas ilegales de Catral a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). La entidad denunció al alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez, los cuatro concejales de la comisión de gobierno, cuatro promotores locales (entre ellos el cuñado del primer edil y otros familiares de otros ediles) y una decena de pequeñas inmobiliarias, encargadas de vender las casas, básicamente a extranjeros.

El alcalde de Catral exhibió ayer un escrito oficial remitido a la Consejería de Territorio y Vivienda el pasado 19 de septiembre en el que instaba al departamento autonómico a agilizar las "gestiones" para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Llevamos meses esperando un documento, una notificación, algo que nos permita seguir trabajando".