Tensión en el pleno del Poder Judicial por el ataque al juez

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido ayer en Tenerife, vivió momentos de fuerte tensión al debatir, a petición del sector progresista, el acuerdo tomado el día anterior por la comisión permanente de no dar amparo al juez Baltasar Garzón. Al final de la reunión, el portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó en conferencia de prensa que el enfrentamiento tuvo su origen en que en el orden del día no figuraba hablar del amparo al magistrado por las críticas que ha recibido, informa Efe.

Al final sí hubo debate y el pleno, añadió López, ratificó no amparar a Garzón porque éste no lo había solicitado y porque hay circunstancias, la apertura de una información previa, que aconsejan esperar. En todo caso, el Poder Judicial volvió a pedir mesura en las evaluaciones sobre las resoluciones y la actividad judicial.

La discusión se produjo al plantear el sector conservador, mayoritario, serias objeciones a que fuese tratada esta cuestión. El vicepresidente, Fernando Salinas, y el vocal Juan Carlos Campos abandonaron la sala, indignados por la conducta de los conservadores. Según manifestó López, la tensión "afortunadamente" se rebajó y se llegó al pacto de debatir el acuerdo de la comisión permanente, que fue ratificado con diez votos a favor, los del presidente y los de nueve vocales del grupo mayoritario, y nueve en contra.

"No es investigado"

El portavoz del consejo insistió en que uno de los motivos por los que no se ha dado amparo a Garzón es que el Servicio de Inspección del CGPJ ha abierto, a instancias del vocal José Luis Requero, una información previa en relación con las declaraciones que el magistrado de la Audiencia Nacional tomó a los peritos policiales del ácido bórico.

Esta información pretende averiguar las circunstancias en las que declararon los peritos, que comparecían como testigos y salieron de la Audiencia como imputados. López advirtió de que no se trata de la apertura de un expediente a Garzón, sino de una información "sólo para tener conocimiento" de lo ocurrido, por lo que "no se puede decir que [Garzón] es investigado".

Los vocales de la minoría defendieron en todo momento la necesidad de amparar a Garzón de los insultos recibidos por parte del PP y su entorno, que le acusaron de prevaricar, prostituir la justicia y estar al servicio del Gobierno. El vocal Juan Carlos Campo reiteró que "nuevamente, el consejo, con su presidente al frente, pierde una oportunidad de defender a la justicia, dándose la circunstancia de que contábamos con un elemento nuevo, como era el informe de los dos fiscales, donde decía que la actuación de Garzón fue correcta".