El Consell cifra en 80 millones el dinero negro generado por las viviendas sin licencia de Catral

La Consejería de Territorio y Vivienda tuvo al menos constancia de las ilegalidades urbanísticas en Catral desde finales de 2004, cuando comenzó la investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). Ayer, González Pons volvió a defender la suspensión de las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Catral y aseguró que va a proceder a la "inmediata" identificación de los promotores y constructores de las viviendas ilegales que, según sus cálculos, han podido generar una "bolsa de dinero negro de 80 millones de euros, que no han sido objeto de impuestos". En este sentido el consejero señaló que su departamento trasladara a la Agencia Tributaria todas las actuaciones "que hayan podido dar origen a evasión fiscal de los presuntos infractores". "Vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe", dijo. González Pons adelantó que el viernes el Consell aprobará la creación de un cuerpo específico de funcionarios de inspección para investigar las irregularidades no sólo urbanísticas, sino también las conexiones con determinados grupos económicos inversores nacionales y extranjeros.

La masiva construcción de viviendas ilegales en plena huerta del término de Catral es objeto de una investigación judicial que dirige el juzgado número 5 de Orihuela a raíz de la denuncia presentada en agosto de 2004 por AECU. La entidad presentó una denuncia por prevaricación y supuestos delitos contra la ordenación del territorio contra el alcalde, los cuatro concejales de la comisión de gobierno local, cuatro constructores locales y una decena de pequeñas inmobiliarias, cuyo ámbito de actuación también se circunscribe al ámbito del sur de la provincia de Alicante. Estas inmobiliarias son las encargadas de poner en el mercado las viviendas. Sus compradores son mayoritariamente extranjeros. Uno de ellos, un ciudadano holandés, afiliado de la asociación, fue el impulsor de la denuncia en los juzgados al descubrir la "ilegalidad" de la vivienda que había adquirido. Entre los promotores denunciados por la AECU, se encuentra Jesús Grau Gelardo (hermano de la concejal Pilar Grau Gelardo), Ginés Ruiz López (cuñado del alcalde) y María Ángeles Rodríguez Leal (hermana del alcalde).

El colectivo denunciante dice "que el alcalde, la junta de gobierno y los funcionarios de Catral, a veces incluso con informes en contra del arquitecto y del secretario municipal, aprueban segregaciones y parcelaciones aparentemente agrarias, pero realmente urbanísticas con la clara finalidad de edificar". En diciembre de 2004, el juez pidió al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que identificara a los constructores de las casas.