La Generalitat valenciana retira el control de urbanismo a un municipio de Alicante

La Generalitat valenciana retiró ayer las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, por no atajar la "proliferación" de casas ilegales. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, justificó la drástica medida, sin precedentes, en la existencia de al menos 1.270 casas sin licencia levantadas sobre suelo no urbanizable y en el parque natural de El Hondo. La decisión tomó por sorpresa al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, que afirmó que negociaba una solución.

El consejero aseguró que Catral ha experimentado un crecimiento "desordenado y completamente excesivo", y que la intervención de la Generalitat era "inaplazable". Según sus datos, en 2002 había 358 viviendas ilegales, una cifra que en 2005 alcanzó las 1.270 y probablemente se haya sobrepasado ya. Las casas se han construido sin ningún tipo de licencia en suelo no urbanizable y en terreno protegido del parque natural de El Hondo. González Pons destacó que la ocupación ilegal de suelo en Catral se ha multiplicado por cuatro y afecta a casi tres millones de metros cuadrados.

La Generalitat conocía la situación urbanística de Catral, por denuncias de afectados a la justicia y al menos un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ya urgió a actuar en octubre de 2004. González Pons argumentó que la consejería ha estado en contacto con el Ayuntamiento desde principios de legislatura y le exigió la redacción de un concierto previo, el documento de directrices de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Catral lo presentó en mayo de 2005, y la consejería tardó más de un año en rechazarlo. Según el consejero, el pasado 24 de julio descartó el documento porque no contemplaba más del 50% de las casas ilegales y no aportaba salidas urbanísticas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Catral no recibió la notificación hasta el 22 de septiembre.

La Generalitat notificó ayer al alcalde, José Manuel Rodríguez, que le retira las competencias de ordenación urbanística y le concede un mes para redactar otro concierto previo. De ser insatisfactorio, la Generalitat asumiría también las competencias de planeamiento y no descarta pedir al Gobierno la disolución de la Corporación, como en el caso de Marbella, recalcó el consejero. El expediente se remitirá a la Fiscalía por un posible delito contra la ordenación urbanística. El consejero acusó al Ayuntamiento de "dejadez". El Consell derribará las casas irregulares dentro del parque natural y estudiará el resto para ver cuántas son legalizables.

"Espero que esta actuación tenga un carácter ejemplarizante", enfatizó González Pons, quien enarboló la bandera del rigor urbanístico justo un día antes de la moción de censura del PSPV-PSOE contra el presidente del Consell, Francisco Camps, y después de meses de denuncias de la oposición al PP por el desaforado desarrollo urbanístico de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La política urbanística del PP mereció el año pasado la censura del Parlamento Europeo, que recibió más de 15.000 quejas.

El consejero admitió que hay otros municipios valencianos con construcciones ilegales, pero consideró que "ni de lejos" incumplen la normativa como Catral. Los socialistas lanzaron inmediatamente una larga lista de casos que afectan a localidades gobernadas por el PP y exigieron al Consell la misma contundencia en ayuntamientos conservadores como Castellón, donde aún está pendiente desde hace una década la ordenación de miles de viviendas en suelo protegido; Castalla (Alicante), donde la Guardia Civil denuncia "la pasividad" del Consistorio ante centenares de casas sin licencia, o en Orihuela, que alberga varios miles de edificaciones fuera de ordenación. Los socialistas denunciaron la retirada de competencias a Catral de "montaje" que pretende "boicotear" la moción de censura que se celebra hoy.

El alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, manifestó su sorpresa por la medida y se preguntó "por qué no se ha hecho antes, cuando en realidad desde que finalizó 2005 hay muchas menos viviendas irregulares". Rodríguez calificó la decisión "de una oportunidad política escandalosa" y aseguró que las viviendas ilegales están en proceso de regularización. El alcalde explicó que acordó con la consejería incluir las casas ilegales en la revisión del PGOU, y que no ha recibido respuesta de la consejería al concierto previo redactado hasta el 22 de septiembre.

En esa comunicación, Territorio emplaza al municipio a rehacer el documento para "minimizar el impacto" de los núcleos ilegales. "Es increíble, por un lado nos abren la puerta a poner fin al caos, y ahora asumen ellos la disciplina urbanística", criticó el alcalde. El Ayuntamiento, alegó Rodríguez, se ha visto "desbordado" por la "brutal presión urbanística".