Ecologistas en Acción presenta al fiscal una denuncia múltiple contra cargos del Ayuntamiento de El Puerto
La Asociación Ecologistas en Acción denunció ayer ante la Fiscalía de Cádiz la presunta existencia de "una trama organizada" entre cargos políticos y responsables de empresas municipales de El Puerto de Santa María (Cádiz) para fomentar acciones dirigidas a "dilapidar el patrimonio local en beneficio de especuladores urbanísticos".
La acción está dirigida, entre otros, contra el anterior alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP); el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (IP); y el secretario local socialista y candidato a la alcaldía, Ignacio García de Quirós. Les acusan de "haber permitido, durante sus meses de gobierno conjunto, el desarrollo de acciones contrarias al interés público". Asimismo, la denuncia implica a los responsables de las sociedades municipales de Suelo y Vivienda, de Fomento Económico y de Protección del Medio Ambiente (en la actualidad integrada en el Instituto Mancomunado de la Naturaleza de la Bahía de Cádiz).
En su escrito ante la Fiscalía, los denunciantes afirman que en los últimos 15 años, El Puerto ha sufrido un proceso de deforestación que ha provocado "la destrucción de unos dos millones de metros cuadrados de bosque" y ha deteriorado recursos naturales protegidos por Ley, como el agua, mediante la autorización para la creación de parques acuáticos, campos de golf y "miles de pozos ciegos en urbanizaciones ilegales".
Por otra parte, los ecologistas aseguran que la ciudad ha perdido el suelo público que tenía, como resultado de la venta de parcelas "a bajo precio y sin concurso público a determinadas empresas".
Por último, el escrito hace referencia a la negligente acción municipal con el patrimonio arqueológico e histórico. Recuerdan que el centro urbano está pendiente de la aplicación de medidas de protección recogidas en el Plan Especial del Casco Histórico, redactado en 2003, pero "que ha sido deliberadamente paralizado", provocando la "destrucción de casas palacio y cascos de bodega". También aseguran que, en el extrarradio han sido edificados complejos de viviendas ilegales que han "deteriorado sin remedio" los yacimientos arqueológicos de la zona.
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