Las mafias europeas eligen España para lavar su dinero

De acuerdo con el último informe elaborado por los servicios de información policiales, durante el pasado año se detectó en suelo español la presencia de 480 grupos que cumplen con los requisitos de jerarquía, disciplina interna, recursos propios y continuidad en la comisión de graves delitos, característicos de la criminalidad organizada. Es una constelación delictiva, repartida geográficamente de manera desigual, de la que forman parte no menos de 8.600 delincuentes. Aunque la mayoría de estos individuos son extranjeros: rumanos, colombianos, marroquíes, franceses, nigerianos, rusos, británicos, búlgaros e italianos, preferentemente, los españoles (3.802 se contabilizaron en 2004) están presentes en el 80% de estas organizaciones.

Su agresividad insusitada está disparando las alarmas sociales

El fiscal Anticorrupción: "El problema tiene más calado de lo que pensábamos hace años"

Ningún punto de la geografía española está libre de su huella delictiva

La justicia y la policía han optado por reorientar su estrategia

Desde que las multinacionales del delito pusieron sus ojos en España, el crimen organizado en este país es casi siempre la conjunción entre delincuentes venidos de fuera y españoles que les prestan cobertura y el conocimiento del terreno. Extranjeros son ya, de hecho, la mitad de los 400 reclusos clasificados con la máxima peligrosidad. Se trata de una delincuencia nueva, poderosa, sofisticada y desalmada que cuenta con amplias conexiones internacionales. Son las multinacionales del crimen, grandes pulpos mafiosos que han desplegado sus tentáculos en suelo español. Muchos de ellos proceden de los países del Este, como si la caída del muro hubiera dado paso a la eclosión de una multitud de pequeños ejércitos criminales que se han desparramado por Europa hasta llegar a la península Ibérica.

El peligro no viene de las pateras, ni de los cayucos. El peligro viaja normalmente en avión y con pasaporte falso, tiene dinero y contactos, maneja las últimas tecnologías, cuenta con infraestructura y camuflajes, a menudo, empresariales, y está animado por la voluntad fría del criminal profesional, del delincuente por convicción. Poco que ver, tampoco, con los inmigrantes que sobreviven como pequeños camellos o que llegan a España con una pequeña partida de droga por capital.

"Los grupos criminales organizados han copiado los métodos de la organización empresarial; calculan los riesgos, costes y beneficios y analizan las zonas de asentamiento más favorables para sus actividades", se indica en el informe policial correspondiente al pasado año. Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, La Coruña, Murcia y Cádiz, son sus principales zonas de asentamiento, aunque ningún punto de la geografía esté libre de su huella delictiva. La mitad de estas organizaciones, formadas por una media de 31 individuos -una docena disponen de más de un centenar de miembros- utilizan estructuras comerciales legales o ficticias; se sirven de abogados, contables, financieros, transportistas, suministradores, y la cuarta parte blanquean por sí mismas los beneficios ilícitos que obtienen.

Ochenta de estos grupos están catalogados en los niveles alto y muy alto de peligrosidad a causa de su potencialidad delictiva y de los medios económicos y técnicos de que disponen. El año pasado, se les incautaron 44 armas largas y 188 cortas, 1.025 vehículos, 25 embarcaciones, 5 avionetas, un helicóptero, 24 millones de euros en efectivo y varios millones más de euros en billetes falsificados, además de fincas, viviendas, locales y gran cantidad de joyas. Las policías españolas llevan ya años volcadas sobre los colectivos más poderosos y sofisticados, pero en esta pelea en la que unos tejen y otros destejen permanentemente -el Cuerpo Nacional de Policía detuvo el pasado año a 2.615 de estos individuos, de los cuales 985 son españoles- los resultados están lejos de ser tranquilizadores.

Bien asesorados en el plano legal, algunas de estas organizaciones operan hábilmente en los intersticios legales del sistema y aprovechan las lagunas de la cooperación policial-judicial. Su dominio de las nuevas tecnologías obstaculiza, además, el rastreo de sus actividades, a menudo, complejas y transnacionales. El caso es que los investigadores policiales difícilmente consiguen penetrar en los núcleos organizativos y reunir pruebas suficientes como para obtener su ingreso en prisión. De hecho, el año pasado, el 26% de estos grupos resistieron casi sin daños las ofensivas policiales. Los informes reservados de la policía contienen a esa altura del relato un punto de desaliento y varios más de inquietud: "Son muy peligrosos y difíciles de abortar" (...) "Cada vez resulta más difícil su desarticulación" (...) "La amenaza y el riesgo que representan va en aumento".

Así que la pelea será larga y el éxito no está asegurado de antemano, aunque el sistema esté desplegando fiscales anticorrupción por media España y el Ministerio del Interior haya reforzado con 200 nuevos agentes la Comisaría General de la Policía Judicial, ampliado las plantillas de policías y guardias civiles, creado equipos especializados (GRECO, para la Policía Nacional; ECO, para la Guardia Civil) y recompuesto unidades de investigación deshechas años atrás. "España no ha reaccionado con suficiente energía frente a la instalación de organizaciones criminales transnacionales. No puede ser que nos sorprendan con la guardia baja", ha declarado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. "Las mafias acaban por corromper al Estado y al poder público al instalarse en una sociedad débil", ha alertado, a su vez, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

España tiene, pues, un serio problema con este nuevo ciclo del crimen organizado, un problema de alcance que se superpone a la violencia nueva y salvaje importada por los grupos que practican el secuestro exprés y el asalto a viviendas habitadas con secuestro de sus moradores. El problema se llama mafia y su principal efecto es la corrupción que, según el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, "ya ha empezado a asomar en algunos ayuntamientos".

Pese a que menos de la tercera parte de estos colectivos hacen uso expreso de la violencia o de la intimidación -el delito económico es más rentable y está menos penado- y aunque tampoco puede decirse que el número de secuestros exprés (60 el pasado año) sea enorme para una población como la española, cada uno de estos casos pone un nudo en la garganta de los ciudadanos. Esa violencia inusitada, ejercida, a veces, de forma gratuita, que caracteriza a estas modalidades delictivas desconocidas hasta ahora en España, está disparando las alarmas sociales y provocando que la sensación de inseguridad y el miedo a ser víctima de un ataque ganen cuerpo en la sociedad.

La situación es paradójica, porque las últimas estadísticas oficiales dan cuenta del descenso global del número de delitos y certifican que, pese al aumento de la criminalidad experimentado en la última década, España sigue por debajo de la media delictiva europea, excepto en los casos de robo con fuerza o intimidación donde tradicionalmente nos situamos a la cabeza de Europa.

En la actualidad, España es ya el país del continente con más presos por número de habitantes, -estamos equiparándonos a los EE UU y a los países subdesarrollados-, pero en los comentarios de la calle y en buena parte de la opinión pública late la impresión de que el sistema es poco eficaz y excesivamente permisivo con los delincuentes. Es una percepción que se manifiesta en la frase tópica: "Entran en la cárcel por una puerta y salen por la otra" y que alimenta una demanda de "más detenciones, más penas severas", a la que el Gobierno trata ahora de responder con la nueva reforma del Código Penal. La alarma social provocada por los delitos violentos se suma así a la inquietud del asentamiento, más discreto, de los grandes grupos mafiosos.

El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, subraya que, por encima de todo, España es un país elegido por las grandes organizaciones internacionales para el blanqueo del dinero. "Con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, los blanqueadores de las mafias han abierto aquí sus sucursales y creado amplias redes de sociedades pantalla, a veces con 30 ó 40 firmas, que les permiten ocultar a los verdaderos propietarios de las urbanizaciones, terrenos o empresas adquiridas en este país. "Tenemos que reconocer que el problema tiene un calado más hondo que el que podíamos pensar hace algunos años", añade el Fiscal Anticorrupción. "Puede que estas mafias tengan comprados a miembros de las instituciones de sus países de origen, pero no parece que aquí hayan alcanzado todavía ese nivel. Si no les frenamos, estas organizaciones que poseen estructuras estables y tienden a establecer contactos en los ayuntamientos acabarán por corromper a las instituciones", afirma Antonio Salinas.

También José Antonio Rodríguez González, asesor del secretario de Estado de Seguridad, cree que el problema está siendo combatido oportunamente. "En España acostumbramos a relativizar demasiado algunos fenómenos y luego tenemos que reaccionar a toda prisa. Nos pasó con la heroína y los atracos a los bancos en los años 80, con el asentamiento de mafiosos en la Costa del Sol - 'bah, total, vienen a descansar y dejan un dinero'- y nos ha pasado con el terrorismo islamista. Somos muy reactivos y muy poco preactivos, pero creo que en este asunto hemos cogido el fenómeno a tiempo", sostiene.

A la vista del panorama, la justicia y la policía han optado por reorientar su estrategia y modificar sus métodos. Ahora, toda investigación sobre un grupo organizado activa sistemáticamente otra dirigida a averiguar el patrimonio de la banda y a determinar sus métodos de blanqueo. "Hay un cambio en la investigación, estamos aplicando una metodología con expertos contables, grupos de inteligencia y cooperación internacional", confirma el responsable de la Comisaría Judicial, José Luis Olivera. "A estos grupos", dice, "no se les ataca incautándoles la mercancía porque pueden rehacer toda la red contratando a nuevos lacayos y financiado nuevos envíos. Sólo se les combate eficazmente si arruinas a sus capos", subraya.

¿Y por qué las multinacionales del crimen han decidido instalarse en España? Aunque las razones de este asentamiento son múltiples, -una sociedad ya rica, un sistema democrático y garantista-, el elemento determinante original lo constituye el hecho de que España esté siendo utilizada desde hace bastantes años como el primer hipermercado mundial del hachís y uno de los primeros de la cocaína. La proximidad geográfica con Marruecos y la lengua común con América Latina le convierten en la plataforma preferente continental de la distribución de hachís y en el primer destino europeo de la cocaína, preferentemente, colombiana.

Una hipótesis razonable, sostenida también por el comisario José Luis Olivera, es que el asentamiento de estas organizaciones responde, en origen, a la lógica de situarse de forma estable en el mercado del hachís y de la coca. Lo que empezó como ocasionales viajes de abastecimiento para nutrir a las redes de distribución de droga de los respectivos grupos criminales europeos ha derivado en estructuras más amplias y estables, a medida en que la represión del tráfico ha exigido infraestructuras más sofisticadas y de mayor envergadura.

Una vez establecidas aquí, las organizaciones criminales han descubierto en nuestro país una tierra de oportunidades: una sociedad con posibilidades para el enriquecimiento rápido y sin control social, particularmente en las áreas del Sur y el Levante español donde las urbanizaciones que proliferan como hongos albergan a una población residencial, en gran medida extranjera, que se confunde con los 40 millones de turistas. Y como apunta el comisario de Málaga, Alfredo Marijuán, "también los delincuentes aprecian el buen clima, la buena vida y este ambiente relajado, festivo y turístico".

Pero por encima de todo, las mafias internacionales han descubierto en España un territorio ideal para el blanqueo del dinero procedente de los tráficos de drogas, de armas y de personas. Es ideal porque la ingente cantidad de dinero negro que circula en este país -unos 130.000 millones de euros- da la medida de la escasa efectividad de los controles administrativos, judiciales y políticos, así como de las facilidades cómplices que les presta un entramado de oficinas bancarias, notarios, registradores de la propiedad y bufetes lavaderos de abogados.

También ellos, los del crimen organizado, han encontrado en el ladrillo al gran tótem del enriquecimiento súbito, con la interesante particularidad, en su caso, de que además de ahorrarles el porcentaje habitual de merma económica que acarrea habitualmente el blanqueo de dinero negro, el negocio de la construcción les está proporcionado unos beneficios descomunales.