Sobredosis de ladrillo en Albaida

El cambio de un artículo y la firma de un convenio han revolucionado el panorama urbanístico de Albaida. La población acordó por consenso hace tres años que el suelo urbanizable del municipio crecería en los próximos 25 o 30 años (la esperanza de vida del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU) 110.000 metros cuadrados. El actual alcalde, Juan José Beneyto, del PP, sin embargo, decidió en mayo aceptar la oferta de una empresa para comenzar a urbanizar de inmediato 2,1 millones de metros cuadrados. Espacio de sobra para alojar un campo de golf, un macrocomplejo para la tercera edad y cerca de 1.500 nuevas viviendas. En cinco años, la población de Albaida crecerá un 75%; pasará de 6.000 a 10.500 habitantes. La Consejería de Territorio acaba de darle su bendición.

Los socialistas creen que puede haber prevaricación por el pago al Ayuntamiento

La oposición rechaza el Programa de Actuación Integrada (PAI). Y el Gobierno ha recurrido el convenio firmado por el Ayuntamiento y la empresa Alter S.A. para llevarlo a cabo. El brusco incremento demográfico que conllevará es sólo uno de los argumentos sostenidos por el PSPV y el Bloc contra el plan del alcalde Beneyto. Consideran, además, que la modificación, a última hora, de un artículo del PGOU (el 1.3 de las directrices generales) abre la puerta a la urbanización de todo el término municipal. Nada menos que 35 kilómetros cuadrados. Ven también irregularidades administrativas y un posible delito en el acuerdo municipal con Alter S.A. El mismo que ha recurrido el abogado del Estado.

Para entender la importancia del artículo 1.3 hay que retroceder al año 2002. El Ayuntamiento, gobernado por los socialistas, aprobó a finales de aquel año un PGOU provisional, pactado por los tres partidos y el foro ciudadano de la Agenda Local 21. El 1.3 decía entonces: "En aras a un criterio de sostenibilidad ecológica, no se permitirá la creación y desarrollo de nuevas zonas urbanizables, en tanto en cuanto no se fueran consolidando las aquí clasificadas".

En mayo de 2003 el PP llega al poder. En septiembre del mismo año la Consejería de Territorio toma una decisión que puede parecer sorprendente; resuelve no elevar al pleno de la comisión territorial de urbanismo la aprobación del PGOU de Albaida. Lo que equivale a paralizarlo.

Pasa un año, entre trámites. Pasan dos. Después de muchos rumores, el alcalde aprueba, en febrero de 2006, un decreto por el que el Ayuntamiento toma en consideración un PAI propuesto por Alter S.A., que pretende urbanizar 20 veces más metros cuadrados (de suelo no urbanizable) de lo que el PGOU, aprobado provisionalmente en 2002, preveía reclasificar en 25 años.

El artículo 1.3. de las directrices generales es modificado. Sigue diciendo: "En aras a un criterio de sostenibilidad ecológica, no se permitirá la creación y desarrollo de nuevas zonas urbanizables, en tanto en cuanto no se fueran consolidando las aquí clasificadas". Pero a continuación añade: "No obstante, sobre suelo no urbanizable común se podrán admitir actuaciones singulares de recalificación a urbanizable, que respondan al interés general y garanticen su adecuada integración territorial".

El alcalde Beneyto, sin embargo, no se conforma con incluir una genérica excepción a la norma. El 19 de mayo aprueba el nuevo PGOU, las bases generales para la adjudicación de los PAI y el convenio urbanístico presentado por Alter S.A. Para entonces, además, el 1.3 ha registrado su tercera y última modificación. Beneyto ha ordenado, por escrito, que se elimine del segundo párrafo el adjetivo "común", referido al suelo no urbanizable.

El cambio no es menor. El suelo no urbanizable "común" es aquel que no está sujeto a una protección especial. Una vez eliminado el adjetivo, resulta que el Ayuntamiento puede decidir la urbanización de todo el suelo no urbanizable del término municipal, incluido el protegido, con sólo invocar el vago principio del "interés general".

Las sombras que arroja la operación no se agotan ahí. La subdelegación del Gobierno recurrió en junio el acuerdo con Alter S.A., por considerar que, al tratarse de un convenio, debería haber salido a concurso público. Todavía más. La empresa propuso al Ayuntamiento pagarle 1,5 millones de euros a cambio de la reclasificación de los terrenos. Y el 1 de junio le entregó los primeros 600.000 euros por haber procedido a la exposición pública del proyecto. El concejal socialista Josep Bodí y el resto de su grupo estudian si ello puede considerarse un delito de prevaricación, ya que el plan todavía no ha sido definitivamente aprobado.

El alcalde Beneyto siempre ha defendido las bondades de un PAI que, afirma, creará 1.500 empleos y llevará hasta 10 millones de euros a las arcas municipales por licencias de obra y permisos.

El PGOU fue aprobado el 31 de julio por la consejería de Territorio. Y el 5 de septiembre apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.