Un fiscal en el punto de mira del PP

El PP no ha dado tregua a Ricard Cabedo desde que el 26 de enero de 2005 fue elegido fiscal jefe de Valencia. A los populares nunca les gustó Cabedo, pero las asociaciones de fiscales, conservadores o pregresistas, siempre han defendido su profesionalidad. Al PP no le gusta porque está casado con la diputada socialista Juana Serna, ni por cómo fue elegido. Pero sobre todo no le gusta porque su llegada a la fiscalía de Valencia coincidió con el estallido de los casos de corrupción queafectan al PP en la Comunidad Valenciana.

A Cabedo el PP le puso en su punto de mira desde el primer instante. El fiscal logró seis votos del Consejo Fiscal, los mismos que el teniente fiscal de Valencia, Miguel Ángel Altés. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ejerció el voto de calidad que la ley le concede y escogió a Cabedo. Ricardo Costa, vicesecretario regional del PP, falseó el relato y dijo que Conde-Pumpido había elegido al menos votado por simpatía política. No fue así, pero de haberlo sido, no sería excepción. El anterior fiscal jefe, Miguel Falomir, fue elegido pese a tener menos votos, y no se le conoce ninguna relación con los socialistas.

El Consell, a través del consejero de Justicia, Miguel Peralta, y del ex portavoz y ahora consejero de Medio Ambiente, Esteban González Pons, señalaron a Cabedo como esbirro de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la secretaria general del PP, Adela Pedrosa, pidió a los populares investigados por la Justicia que recusaran al fiscal. Cabedo exhibió el artículo 28 del Estatuto fiscal, que dice que el fiscal no puede ser recusado. La primera avalancha de críticas le llegó por el caso Mercalicante. "Para mí es como si me hablaran del Polo Norte", dijo. Y, como ejercicio de pedagogía, recordó: "Soy superior jerárquico del fiscal Romero [investigador de la caso] de forma tangencial, por lo que se refiere a coordinación, organización y reunión, pero no en lo que se refiere a los procedimientos, en los que la última palabra la tiene el fiscal general". No acalló críticas.

Poco después llegó la investigación a José Manuel Uncio, ex director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por supuesto uso irregular de la tarjeta visa que tenía por su cargo. El PP dijo que Cabedo respondió a artículos de prensa. El fiscal jefe actuó de oficio, como le obliga la ley si conoce posible delito, porque la Sindicatura de Cuentas había detectado el hecho. Las diligencias se archivaron. Cabedo consultó con Conde-Pumpido. El PP dijo que el fiscal general del Estado tuvo que frenar a Cabedo.

Cuando aún ese asunto estaba vivo, el PSPV denunció irregulares en el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por pagos a Julio Iglesias. El ex delegado del Ivex en Miami, José Marquina, criticó al PP. Peralta pidió amparo a Cabedo por ataques injurioso. Fue un intento de desvelar la vinculación de Cabedo con los socialistas porque dejaba impunes las afirmaciones de Marquina. El fiscal jefe le remitió al Código Penal y le invitó a denunciar. Lo hizo Industria.

Coincidiendo en el tiempo, la fiscalía denunció a varias empresas, entre ellas Terra Mítica, tras un expediente de la Agencia Tributaria. Ignacio Astarloa, dirigente nacional del PP, respondió anunciando que pediría la comparecencia de Conde-Pumpido por la parcialidad de Cabedo. Nunca lo hizo.

Cabedo ha sido cuestionado por el caso Fabra (en el que no tiene competencias), por los de las investigaciones a los alcaldes de Alicante, Orihuela y Torrevieja (que no le competen), por investigar o por archivar, en Valencia o no si hay algún político. El único rasero del PP es: si están implicados populares, es persecución; si son socialista, es obligación pero no basta con investigar. El PP ha acusado de parcial a Cabedo porque ningún fiscal va a las declaraciones en un asunto del alcalde de Zarra (PSPV). Y no ha dicho que el fiscal no está obligado a ir. Se ha revuelto por el archivo de las diligencias por supuesta financiación irregular del PSPV, y no ha dicho que no había delito.

La embestida a Cabedo ha llegado al máximo esta pasada semana tras la imputación de Díaz Alperi, alcalde de Alicante y candidato a las próximas elecciones, y la maraña que intenta deshacer la fiscalía sobre negocios urbanísticos irregulares en Náquera. El PP ha sentado un precedente: anunció una comisión interna para examinar la actuación de Cabedo. Y Pedrosa anunció ayer una pregunta parlamentaria porque el PP entiende que Cabedo es parcial.

Gabriela Bravo, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dijo el viernes que "el PP sigue con Cabedo la misma estrategia que con el 11-M en Madrid". Antonio Gastaldi, representante de la Asociación de Fiscales en Valencia, dijo del comunicado que anunció la comisión sobre Cabedo que: "Es política. Nada tiene que ver con nuestro trabajo. Las cosas no funcionan así".