El abuso de los contratos a dedo enfrenta a la oposición con el equipo de Barberá

PSPV y EU-L'Entesa en el Ayuntamiento de Valencia bombardearon ayer al equipo de Gobierno de Rita Barberá, del PP, con cifras relativas a los proyectos municipales adjudicados sin la celebración de un concurso durante 2005 y que significaron un 70% de la inversión, según la auditoría realizada por el Consistorio. El edil socialista Juan Ferrer afirmó que sólo el 12,4% de los proyectos se asignaron respetando la libre concurrencia. El concejal de Presupuestos, Silvestre Senent, no negó los datos aportados. El gobierno local dio luz verde a la demolición de las naves laterales de Tabacalera.

El concejal socialista Juan Ferrer criticó ayer el "mal hacer" del equipo de Gobierno en relación con los presupuestos de 2005 y afirmó que la auditoría municipal de la que ayer se dio cuenta en el pleno del Ayuntamiento era una prueba más de las "prácticas" que su grupo "viene denunciando desde hace tiempo". Según Ferrer, quien sitúa la deuda del Consistorio alrededor del 130%, en la auditoría se demuestra que la valoración de los proyectos, incluida en el documento presupuestario, es "muy poco fiable". A este respecto, el concejal sostiene que la mayoría de las veces se supera la partida fijada y se prolonga el plazo de ejecución previsto inicialmente para las obras promovidas desde el Ayuntamiento. El edil señaló que sólo el 12,4% de los proyectos que se adjudicaron en 2005 utilizaron el concurso como método de concesión y que ello contraviene la Ley de Contratos. "Se les está arrebatando a los valencianos la posibilidad de concurrir, de hacer negocio", lamentó Ferrer. El concejal de Presupuestos, Silvestre Senent, replicó que en la actuación del Ayuntamiento no había "ninguna ilegalidad".

Por otra parte, el derribo de las dos naves laterales del complejo industrial de Tabacalera dio ayer otro paso adelante. El Ayuntamiento dio cuenta de la resolución de la Consejería de Vivienda y Territorio que, a su vez, autorizó una operación que incluye el derribo de estas dos naves. Ahora, el próximo trámite consiste en presentar el proyecto de demolición y rehabilitación de la parte de la fábrica que será un centro administrativo.

El portavoz socialista, Rafael Rubio, aseguró que esta operación "sólo beneficia a las empresas Altadis y Guadalmedina, del grupo Ballester, que se embolsarán unos 200 millones", según sus cálculos. Ambas empresas permutaron el edificio central de Tabacalera a cambio del derribo de las dos naves, donde pretenden construir viviendas, y la titularidad del inmueble consistorial situado en la plaza de América, que para el PSPV-PSOE se ha valorado por debajo del precio de mercado. Rubio hizo hincapié en la "incoherencia" del equipo del PP, ya que "en 2001 decidió que ese conjunto nunca podría tener un uso residencial" y cuando el grupo Ballester adquirió la mitad de Tabacalera "el planteamiento cambió por completo".

El pleno también aprobó sin debate colocar un monolito de piedra en recuerdo de las víctimas del accidente del metro el pasado julio en el jardín cercano a la estación de Jesús. La propuesta partió de UGT, fue recogida por el grupo socialista y finalmente asumida por el PP.

Además, todos los grupos acordaron abonar a los vendedores del Mercado Central una subvención que suponga el 50% del recibo bimestral que abona cada puesto para compensar las pérdidas por los trabajos de rehabilitación del edificio modernista.