Una trama de funcionarios manipuló los ficheros oficiales para legalizar inmigrantes

Una presunta trama de funcionarios de la Administración, algunos destinados en la Delegación del Gobierno en Madrid, y abogados dedicados a obtener permisos de regularización y trabajo de ciudadanos extranjeros, penetró en el sistema informático de la Dirección General de la Policía y "manipuló" la base de datos Adexttra del Servicio de Extranjería del Ministerio de Administraciones Públicas, según señalan fuentes de la investigación. Los presuntos implicados cobraban por retocar expedientes de extranjeros que habían sido denegados o inadmitidos.

La operación policial y judicial, que se inició el pasado mes de julio, sigue abierta. Hasta el momento han sido detenidas, al menos, ocho personas, de las que cinco continúan en prisión preventiva y el resto en libertad provisional.

El caso lo investiga la juez Carmen Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla, que ha declarado secreto de sumario y lo ha prorrogado tres veces.

Según un auto del Juzgado de Instrucción número 3, que inició las investigaciones, fechado el pasado 20 de julio, seis de las personas detenidas -entre los que se encuentran funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid, dos abogadas y una gestora especializada en casos de extranjería- son presuntamente responsables de los delitos de falsificación documental, cohecho, prevaricación, estafa y pertenencia a asociación ilícita.

Las acusaciones se basan en conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y en supuestos pagos de los extranjeros por los servicios prestados por esta supuesta trama.

Regularizar la situación

La presunta trama ofrecía sus servicios a ciudadanos extranjeros que necesitaban regularizar su situación en España y, según la investigación policial, conseguían que sus expedientes, antes denegados o inadmitidos, aparecieran aprobados en el sistema informático de la policía que gestiona la base de datos Adexttra del Servicio de Extranjería del Ministerio de Administraciones Públicas.

Según las diligencias previas que instruye el juzgado, lo lograban mediante la "manipulación" del citado sistema informático y a través de la ayuda de la funcionaria Sonia A. V., que supuestamente recibía una contraprestación económica de los despachos de abogados.

Esta funcionaria trabajaba en el Servicio de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Madrid. Álvaro S. C. y Claudia S. P. reclutaban a los extranjeros, que a su vez pagaban por los servicios prestados.

Entre los detenidos se encuentra Cristina G. L., Haidee P. C. y Naima T. A. Una de las abogadas detenidas, y puesta en libertad provisional, es de origen marroquí. La investigación se ha extendido, además, a otras provincias y, según algunas fuentes, hay varias personas en búsqueda y captura. Portavoces de la Delegación del Gobierno de Madrid y del Ministerio de Trabajo declinaron ayer facilitar ninguna información, ya que la operación sigue abierta y se encuentra bajo secreto sumarial. Según el diario Abc, hay 10 funcionarios detenidos, algunos destinados en el Ministerio de Trabajo.

El acceso por los funcionarios implicados a la clave secreta informática de un funcionario jubilado facilitaba supuestamente la entrada y presunta manipulación de los expedientes denegados, según aseguran fuentes de la investigación.

De esta forma, según los investigadores del caso, se autorizaban expedientes que antes habían sido denegados o inadmitidos por diferentes instancias u oficinas de extranjería.

Se desconoce el número de expedientes que han podido ser modificados irregularmente, pero las fuentes informantes aseguran que se han revisado alrededor de 2.000 para comprobar hasta dónde llegó el presunto fraude de los implicados.