Bélgica reconoce que el consorcio Swift violó las leyes de protección de datos

El primer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt, reconoció ayer oficialmente que el consorcio de intermediación financiera Swift violó la legislación belga de protección de la vida privada, transmitiendo información de carácter privado a las autoridades de EE UU. El consorcio Swift tiene prácticamente el monopolio de la gestión de las transferencias bancarias internacionales, con lo cual dispone de una información privilegiada de los movimientos financieros de casi todos los ciudadanos. "Swift", afirmó Verhofstadt, "debería haber respetado las leyes belgas".

El primer ministro belga manifestó que enviaría su informe al Ejecutivo de la UE y a los demás jefes de Estado y de Gobierno europeos para que analicen el asunto. Ni Swift, ni las entidades financieras a las que prestaba sus servicios, informaron nunca a sus clientes particulares que enviaban esta información a los servicios de investigación financiera de EE UU.

Swift maneja una considerable información de las transferencias financieras que realiza, desde los datos de identidad de las personas que envía y reciben dinero, direcciones, cuantía de las transferencias, números de las cuentas bancarias y los mensajes que acompañan estas informaciones. El cruce de todas estas informaciones financieras y su periodicidad proporciona una valiosa información que va mucho más allá de las informaciones de las operaciones puntuales.

El Gobierno belga reconoció ayer que Swift violó la legislación belga al suministrar información de las transferencias financieras que gestionaba al servicio de espionaje de EE UU, en el marco de la lucha del Gobierno de Washington contra el terrorismo. En un principio, las autoridades belgas no tienen previsto imponer sanciones a la empresa intermediaria, porque están pendientes de que se formalice un acuerdo entre la UE y el Gobierno estadounidense. La Administración belga tampoco ha pedido que Swift ponga fin a este tipo de actividades.

Tras las primeras sospechas, el primer ministro belga solicitó un informe sobre los hechos a una comisión independiente belga creada en 1992 para la protección de la vida privada. La comisión, que remitió ayer al Gobierno las conclusiones de sus investigaciones, afirma: "Swift ha desarrollado esfuerzos considerables para asegurar un cierto número de garantías, negociadas con el Tesoro estadounidense". Pero la comisión ha reconocido también que, sobre la base de la legislación europea, hubiera sido necesario que Swift "hubiera adoptado garantías más amplias", para "proteger la vida privada de los ciudadanos".

Un "número ilimitado"

El pasado mes de junio, Swift reconoció que había enviado "un número ilimitado" de datos e informaciones a las autoridades financieras de EE UU en el marco de la lucha antiterrorista. Según la comisión independiente belga, es necesario que las autoridades de Washington y europeas negocien y acuerden un marco único sobre los derechos privados de los ciudadanos. De esta forma, se resolvería el conflicto en que se encuentran los gestores de Swift, que se "encuentran en una situación de conflicto entre las leyes europeas y las estadounidenses". Según la comisión independiente, es necesario un acuerdo que "regule la transmisión de datos personales", en el campo de la lucha contra el terrorismo. La dirección de Swift se ha mostrado conforme con la iniciativa de alcanzar un acuerdo que armonice los criterios de protección de datos personales que establece la legislación comunitaria con la de Estados Unidos.

La Comisión Europea tomará cartas sobre el asunto y está pendiente de recabar toda la información disponible. El portavoz de Justicia e Interior, Friso Roscam, manifestó ayer que el Ejecutivo comunitario "analizará a fondo el informe elaborado por la Comisión belga, con el objetivo de determinar si las autoridades belgas han violado la normativa comunitaria". Roscam se refirió específicamente a la directiva comunitaria sobre protección de datos aprobada en 1995.

La Comisión Europea, al igual que el Gobierno belga, tampoco tiene previsto imponer sanciones a las autoridades o a los responsables de la empresa Swift. En un principio, las autoridades comunitarias "simplemente quieren verificar si la legislación europea ha sido transpuesta e implementada de forma adecuada por los Estados miembros". El próximo mes de noviembre se reunirá el comité de expertos de la Comisión Europea en el que están representados funcionarios de todos los Estados miembros para analizar los documentos de la comisión belga y los informes de sus propios servicios de investigación.