Una trama manipuló archivos policiales para regularizar 'sin papeles'

Una presunta trama integrada por funcionarios de la Administración central, algunos destinados en la Delegación del Gobierno en Madrid, y abogados dedicados a obtener permisos de regularización y trabajo de inmigrantes ha alterado, a cambio de dinero, expedientes de inadmisión o denegación de solicitudes de extranjeros. Los implicados penetraron en el sistema informático de la Dirección General de la Policía y han "manipulado" la base de datos Adexttra del Servicio de Extranjería del Ministerio de Administraciones Públicas para que las peticiones de los inmigrantes figuraran como aceptadas, según fuentes de la investigación.

La operación policial, que se inició el pasado julio, sigue abierta. Hasta ahora han sido detenidas al menos ocho personas, de las que cinco continúan en prisión preventiva y el resto en libertad provisional. El caso lo investiga la juez Carmen Valcarce, titular del juzgado de instrucción número 5 de plaza Castilla, que ha declarado secreto el sumario y ha prorrogado esa decisión tres veces.

Según un auto del juzgado de instrucción número 3, que inició las investigaciones, fechado el pasado 20 de julio, seis de los detenidos, entre los que se encuentran funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid, dos abogadas y una gestora especializada en casos de extranjería, son presuntamente responsables de los delitos de falsificación documental, cohecho, prevaricación, estafa y pertenencia a asociación ilícita. Las acusaciones se basan en conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y en supuestos pagos de los extranjeros por los servicios prestados.

La presunta trama ofrecía sus servicios a inmigrantes que necesitaban regularizar su situación y, según la investigación policial, conseguían que sus expedientes, antes denegados o inadmitidos, aparecieran aprobados en el sistema informático de la policía que gestiona la base de datos Adexttra del Servicio de Extranjería de Administraciones Públicas.

Se desconoce el número de expedientes que han podido ser modificados irregularmente, pero las fuentes informantes aseguran que se han revisado alrededor de 2.000 para comprobar hasta donde llegó el presunto fraude de los implicados.