Igualdad, mérito y capacidad

En el año 2007 los salarios de los empleados públicos subirán el 2%, más un 1% para completar las pagas extras, que no eran pagas completas. Parece una buena noticia pero, desde 1994, hemos perdido casi 22 puntos de poder adquisitivo, y seguiremos perdiendo.

Otra forma de mejorar las retribuciones sería poder desarrollar una carrera profesional ligada al mejor desempeño del servicio público, pero la temporalidad, como denunció hace poco el Defensor del Pueblo, la provisionalidad en el empleo, y el clientelismo son situaciones endémicas en la Administración española, rémoras organizativas provocadas por el reglamento de provisión de puestos de trabajo, un real decreto que data del año 1995.

El reglamento es un texto legal complejo, que permite al Gobierno de turno, a través de las comisiones de servicio, los concursos específicos y la libre designación, apropiarse de la Administración, y utilizarla partidariamente como una herramienta electoral muy rentable. Por eso, el texto legal de aquel decreto de 1995, es uno de los pocos que ha atravesado, sin cambiar una coma, cuatro legislaturas de signo político contrario, aún está vigente y dudo que el Estatuto Básico de la Función Pública vaya a cambiar demasiado las cosas.

Utilizar de forma partidista la Administración, recortando la independencia profesional de los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, supone privarnos a los ciudadanos del servicio público de calidad que merecemos, y negarnos el acceso universal e igualitario a los recursos colectivos, imprescindible para consolidar el Estado democrático y de derecho que hemos elegido como forma de gobierno la mayoría de ciudadanos de este país.