La recalificación masiva de suelo en la costa de Castellón abre una crisis en el PP

El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 metros cuadrados en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo rústico hasta seis meses antes de la recalificación de los terrenos. La operación urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al propio presidente provincial, Carlos Fabra.

El alcalde de Burriana, ciudad de 31.000 habitantes, no escondió su empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. La compra se prolongó también a una superficie ubicada junto a la depuradora, cuyo traslado anunció el alcalde poco después.

La sociedad inmobiliaria estuvo vinculada hace tiempo a Carlos Olazábal, portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya y miembro del comité ejecutivo del PP en el País Vasco. Este dirigente aseguró ayer que su relación con esta empresa acabó antes de que se iniciara la compra de terrenos y con anterioridad a la adjudicación del programa urbanístico. "Ninguno de los miembros de mi despacho ha comprado terreno alguno en la provincia de Castellón, ni para sí ni para ninguna sociedad, ni existe ningún tipo de interés inmobiliario, tanto mío como de ninguno de mis compañeros de despacho, en la citada provincia", explicó en un comunicado.

Intervención de Fabra

Ferrada, quien también ostenta un cargo orgánico en el PP de la Comunidad Valenciana, desmintió la existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que había conocido a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su propuesta urbanística en el Ayuntamiento. En cualquier caso, la decisión del alcalde ha provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria.

Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no estuviera recalificado, se multiplicó por seis.

En la Comunidad Valenciana, los promotores pueden presentar propuestas aunque el terreno no sea de su propiedad para, posteriormente, hacer una oferta a los titulares del suelo o someterles a las cargas de urbanización que, en proporción, les correspondan por el desarrollo del suelo. De hecho, mientras Corporación Inmobiliaria Albia ofrecía unos 42.000 euros por hanegada (aproximadamente 830 metros cuadrados), otras empresas elevaron la oferta a los propietarios del suelo hasta 192.000 euros por la misma porción de terreno. Pese a ello, el PP optó por la firma que menos dinero aportaba a los titulares del suelo.

La adjudicación de la urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el proyecto. De momento, el PP de Burriana sólo ha podido llevar a cabo una adjudicación provisional pese a que, para ello, tuvo que acudir a un informe externo que justificara la "bondad" de la propuesta de Albia. Sin embargo, las pegas al proyecto fueron tantas que incluso el informe encargado para justificar su aprobación condicionaba la misma a la revisión del Plan General del municipio, aún pendiente.

La polémica tramitación, que ha creado un cisma dentro del grupo municipal del PP de Burriana en el que tuvo que intervenir el presidente provincial, Carlos Fabra, comenzó en septiembre de 2004 cuando un promotor, Manuel Ramos, presentó una propuesta de urbanización. Ferrada paralizó la tramitación de este proyecto y no elevó la propuesta al pleno. Mientras la iniciativa de Ramos permanecía en el olvido, otro empresario del sector, Carlos Esteve Herrero, comenzó a adquirir terrenos en el perímetro y zona aledaña a través de tres empresas: la castellonense Gruines; Cillebesa, domiciliada en Madrid; y la bilbaína Corporación Inmobiliaria Albia. Así, en julio de 2005, Albia presentó una propuesta de urbanización cuya superficie se solapaba, en su mayor parte, con la zona pretendida por el otro promotor. Seis meses después se le adjudicaba el desarrollo urbanístico.