La inspección propone expedientar a la juez que paralizó las bodas gays

La Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto la apertura de un expediente disciplinario por una falta grave y otra leve a la juez encargada del registro civil de Denia (Alicante), Laura Alabau, por unas declaraciones en las aseguró que estaba siendo "perseguida por el aparato propagandístico del Gobierno" tras haberse negado a tramitar tres expedientes de matrimonio entre parejas del mismo sexo. La juez Alabau mantuvo paralizados los expedientes en julio de 2005 so pretexto de cuestionar la legalidad de las bodas gay ante el Tribunal Constitucional, que cinco meses después ni siquiera admitió la cuestión a trámite.

En declaraciones a los medios de comunicación, la juez Alabau afirmó también que una interpretación de la Dirección General de los Registros y el Notariado en el sentido de que los jueces de registro civil no podían cuestionar ante el Constitucional la legalidad de las bodas entre homosexuales era "ilegal" y estaba motivada sólo "por intereses políticos y propagandísticos". Además, criticó al teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, del que dijo que se había convertido "vergonzosamente" en un "apéndice de ese mismo Gobierno".

Según la Inspección, resulta patente que las declaraciones de la juez "contienen expresiones de evidente censura" a la actuación de la Dirección General de los Registros y "exceden, sin duda, de las exigencias del artículo 395.1 de la ley orgánica del Poder Judicial, que ordena abstenerse de todo tipo de expresión de apoyo o juicio desvalorativo a otros poderes del Estado".

La Inspección agrega que tales expresiones no pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión, dado que éste "no comprende excesos que llegan a descalificaciones, quebrantando el orden jurídico". Por tanto, propone la apertura de expediente por falta grave de censurar a las autoridades por sus actos.

Trato desconsiderado

Respecto a las afirmaciones contra el teniente fiscal López Coig, la inspección indica que "constituyen una falta disciplinaria de trato desconsiderado, pues son expresiones ofensivas que entrañan la intención de menoscabar la autoridad y consideración debidas a la función que materializa". En suma, las expresiones contra el teniente fiscal de Alicante con "objetivamente insultantes, causan agravio y menosprecian a su destinatario".

Sin embargo, el organismo entiende que existió "una agresión, una afrenta anterior" por parte del fiscal hacia la actuación de la juez Alabau, "pues él primero realizó unas declaraciones periodísticas donde criticaba y ponía en tela de juicio la actuación profesional de la juez".

Por ello, la Inspección considera que debe aplicar el principio de proporcionalidad a la infracción disciplinaria e integrar la conducta en el tipo más leve de las faltas de consideración.

La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial tiene previsto decidir en su reunión de hoy si abre expediente sancionador a la juez de Denia.