La otra, la otra

Cualquier ingenuo pudo caer en el error de pensar que si por emitir nuestra Telemadrid fuera de la ley su segunda cadena, el Ministerio de Industria la ha multado con un millón de euros y le ha dado el plazo de un mes para que deje de hacerlo, la novedad o la rareza consiste en que un organismo público se atreva a emitir en analógico sin estar autorizado y se sitúe fuera de la ley en plan desafío.

Pero como todos los males que puedan venirnos a esta nuestra Comunidad parten de lo mismo, de quien habita en Moncloa, se comprende que David Pérez, diputado popular en la Asamblea de Vallecas, diga que el intento del Gobierno de hacer cumplir la ley es un "ataque antidemocrático" y que a José Luis Rodríguez Zapatero le corresponde "el dudoso honor de ser el primer presidente de la democracia que cierra un medio de comunicación".

Visto así, de tan hábil manera, no es raro que al diputado se le vinieran a la boca dos totalitarios como Hugo Chávez y Fidel Castro.

Llevado del mismo olor a azufre con que detecta el presidente venezolano el paso del diablo de los totalitarismos, el diputado David Pérez identificó en seguida a José Luis Rodríguez Zapatero con Hugo Chávez y con Fidel Castro para denunciar "el acoso socialista a la libertad de expresión", que es una libertad que el Partido Popular ve amenazada lo mismo si se trata de hacer cumplir la ley de costas que si se intenta poner orden en las ondas.

Es posible que alguien pueda llegar a creer que Pérez no fue justo ni con Castro ni con Chávez por una razón muy sencilla: el dudoso honor de acabar con emisiones ilegales no les ha podido ser reconocido, debido a que en sus países nadie se atreve a provocarlos con la misma gallardía con que Telemadrid lo hace en democracia.

Podría pensarse en este caso, eso sí, que Telemadrid persiguiera con su desafío que el presidente alcanzara ese dudoso honor del que carecen Castro y Chávez y que Esperanza Aguirre no quiere escatimarle. Y si con esta intención hubiera obrado la presidenta -ultraliberal ella, más ultra o más liberal según se tercie- habría que verla en este caso como una libertaria, si no fuera que la Real Academia Española dice en su diccionario que libertaria es la "que defiende la libertad absoluta, y por tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley", y ha de dudar uno de que Esperanza Aguirre aspire a suprimirse a sí misma.

Pero entre todas las libertades nos consta que la de mercado no es para ella la que menos importa, por lo que es seguro que comprenderá la atención que se debe a la solicitud que ha hecho al Gobierno la asociación de radios privadas para que proceda al cierre de las emisoras que, por medio del pirateo, incurren en irregularidades semejantes a las de la televisión pública madrileña. Quizá su respeto por el negocio privado sí la lleve a instar al nuevo ministro de Industria Joan Clos a que, convertido en ministro mordaza, como Francisco Granados, correligionario de Esperanza Aguirre, ha tenido a bien definirlo, proceda al dudoso honor de cerrar lo que está fuera de la ley y constituye un acoso a la libertad de negocio.

Claro que Francisco Granados pronostica a Joan Clos que pasará a la historia como ministro mordaza, sin advertir de que cualquier ministro, incluso vicepresidente, es carne de pronto olvido, y ni siquiera nos acordamos ya de Francisco Álvarez Cascos y de sus intentos de amordazar o de sus logros en ese sentido.

Por lo demás, lo siento por La Otra, nombre seductor de la cadena, supuestamente ilegal, que además de evocar a la segundona, a la cenicienta, a la proscrita, tiene un tufo de clandestinidad que recuerda a la antigua mantenida, la querida de papá de la que tendrán recuerdo incluso algunos parlamentarios.

Ella decía en la copla popular: "Yo soy la otra, la otra / y a nada tengo derecho / porque no llevo un anillo / con una fecha por dentro". Y no por adúltera, que no es ahora delito perseguible, sino porque el inquisidor, que para colmo viene de Barcelona, la ha pillado en plena faena con su cuerpo analógico, y no con el digital que le corresponde, su casa, que no es una mancebía, aunque a veces corra el riesgo de ser tomada por tal, puede acabar pagando un millón de euros y cerrando sus puertas a las ondas.

Lo antidemocrático ahora, por lo visto, es para el diputado David Pérez que se cumpla la ley. Así que ya nos explicará Pérez en qué consiste la democracia.