Suiza se blinda frente a la inmigración

Un terremoto político sacudió ayer Suiza. Convocados a las urnas en un referéndum federal para votar la Ley sobre el Asilo y la Ley Federal sobre los Extranjeros, los suizos aprobaron la primera con el 67,8% de los votos y la segunda con el 68%. Ambas leyes suponen un endurecimiento radical de las condiciones de inmigración para ciudadanos extracomunitarios y de refugio político. La decisión se produce cuando la mayoría de los países europeos, incluida España, ha empezado a modificar la aplicación de sus políticas de acogida para combatir la inmigración clandestina. En este país de 7,5 millones de habitantes la población extranjera suma el 20,4%, más del doble que el porcentaje de extranjeros (8,4%) sobre la población total empadronados en España en enero de 2005.

La ley prevé penas de prisión y 300.000 euros de multa para los que ayuden a los expulsados

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya sede está en Ginebra, lamentó el resultado del referéndum y calificó de "restrictiva" la ley de asilo.

Tras anunciarse los resultados parciales del cantón de Ginebra, en teoría el más cosmopolita, se vio que las previsiones más pesimistas iban a ser ampliamente superadas. Los 26 cantones que componen la Confederación Helvética aprobaron ayer por mayoría las dos leyes en una expresión de la voluntad popular que no deja lugar a dudas y con un índice de participación superior al 48%.

El punto más polémico de la nueva Ley de Asilo es el que establece la obligatoriedad de presentar documentos de identidad válidos (pasaporte o DNI) en un plazo de 48 horas posterior a la demanda de asilo. Antes bastaba con un certificado de nacimiento o un permiso de conducir. Con esta medida se intenta evitar que los extranjeros hagan desaparecer sus papeles para evitar ser repatriados. Los detractores de la ley argumentan que en numerosos casos alguien que huye de su país por motivos de persecución política no tiene necesariamente los papeles en regla, lo que podría llevar a que sean desestimadas demandas de asilo legítimas. La ley prevé excepciones, pero las condiciones no están claras.

La ley contempla el recorte de las ayudas sociales, incluidas las de emergencia, a los candidatos al asilo cuya demanda sea considerada NEM, es decir, no entrada en materia, y que conlleva la expulsión. El objeto de este punto es forzar su salida del territorio con la mayor brevedad posible. Para los recalcitrantes, los que no quieran salir por propia voluntad, se prevén penas de hasta dos años de cárcel. Se intentará establecer acuerdos bilaterales, sobre todo con los países africanos, a fin de acelerar al máximo las repatriaciones.

La ley prevé penas de hasta cinco años de prisión y 300.000 euros de multa para los que den albergue a personas con una orden de expulsión en firme. Aunque este punto pretende castigar a los traficantes de seres humanos y sus redes, podría afectar a un sacerdote o una iglesia que diera asilo a un rechazado. El objetivo es evitar abusos y separar los auténticos demandantes de asilo de los inmigrantes económicos.

Una de las más visibles enemigas de estas leyes ha sido Ruth Dreyfuss, antigua consejera federal (ministro) socialista. Dreyfuss, que es presidente del comité contra la exclusión y la arbitrariedad de las autoridades, abogó públicamente por "una aplicación humana de las leyes", a pesar del endurecimiento aprobado en referéndum. Christian Levrat, igualmente del Partido Socialista, declaró: "Hoy es un día negro para todos nosotros". Por su parte, la Federación de Iglesias Protestantes, la Conferencia de Obispos de Suiza y la Federación de Comunidades Israelitas han "lamentado la aceptación de la revisión de las leyes sobre el asilo y extranjeros".

"Comprendo la postura de las iglesias", dijo la consejera federal (ministra) Doris Leuthard, "pero hay que ser pragmático". En las organizaciones de derechos humanos el mensaje fue rotundo: "Es un día catastrófico para la larga tradición humanitaria de Suiza".

Por su parte la Ley sobre Extranjeros, que reemplaza la actual vigente desde 1931, pretende "dar respuesta a las necesidades reales de la economía suiza". La naturaleza de esta ley puede ser resumida de esta manera: abrirse de par en par a la UE y el espacio económico europeo y cerrarse de manera casi definitiva a la inmigración extracomunitaria. Según los partidarios de esta ley, las necesidades de mano de obra inmigrante no cualificada para sectores como la agricultura o la restauración deberían poder ser cubiertas con los trabajadores de los países del Este. La admisión de no europeos será aceptada en casos de profesionales altamente cualificados.

La nueva ley establece que la reunificación familiar de los no europeos tendrá que llevarse a cabo antes de que los niños cumplan 12 años, a fin de favorecer su integración social y lingüística en el país. Los europeos tienen hasta la mayoría de edad. Los críticos dicen que es un doble rasero que crea dos categorías de seres humanos: los europeos y los no europeos.

Alain Rebetez, analista político del semanario de Lausana L'Hebdo, comentó a este diario: "Este triunfo cercano al 70% demuestra que hay un factor de rabia popular que puede seguir siendo capitalizado por los movimientos populistas y de derechas".

En el bando de los que han celebrado la aplastante victoria el ánimo era de fiesta. Ueli Maurer, presidente de la UDC (el partido nacionalista del caudillo de derechas Christophe Blocher) se declaró "satisfecho" del claro apoyo a las leyes. "Esto muestra que finalmente los problemas ligados a la inmigración han sido tomados en serio", declaró el político de Zúrich. "De lo que se trata ahora es de aplicar las medidas", añadió.

Christoph Blocher, líder de la UDC y actual ministro de Justicia y Policía, declaró al diario Le Temps: "Son los angélicos que pretenden que todo extranjero que llega a nuestra casa merece protección los que alimentan la xenofobia". En opinión del político e industrial, "permitir la libre circulación a todos los países es irresponsable, sería un peso intolerable al sistema social, aumentaría el paro y crearía tensiones".

"No se puede hablar de un voto xenófobo", declaró a la televisión suiza Sandro Cattacin, sociólogo de la Universidad de Ginebra. Según el académico, el país "está en sintonía con Europa, que necesita cada vez más migrantes de alta cualificación profesional".