El abogado del Estado recurre el convenio del golf de Albaida
El convenio acordado en mayo entre el Ayuntamiento de Albaida y la empresa Alternativas de Promoción Económica y Urbana, SA, (Alter) para recalificar 2,1 millones de suelo en urbanizable para hacer una urbanización de 1.500 viviendas con campo de golf, ha sido recurrido por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El recurso señala que el convenio, previo a la convocatoria de concurso del PAI, "vulnera la finalidad del concurso que es la elección entre opciones competidoras bajo principios de objetividad, transparencia y concurrencia en igualdad de oportunidades" en beneficio de la empresa Alter, lo que supone una "ventaja no correcta". El convenio entre el Consistorio de Albaida -dirigido por Juan José Beneyto, del PP- y Alter en mayo estipula que el Ayuntamiento recibirá 1,5 millones de euros a cambio de recalificar los 2,1 millones de metros cuadrados no urbanizables, según el Plan General de 2002, a urbanizables residenciales.
El Consistorio de Albaida recibió el pasado 1 de junio los primeros 600.000 euros de este compromiso que se condicionaban a la publicación del proyecto presentado por Alter tras la aprobación en el pleno de la convocatoria de concurso para realizar el PAI, el cual fue rechazado por la oposición y ha tenido 400 alegaciones hasta hoy.
Otro de los puntos que contenía el convenio era que la urbanización de la zona puede realizarla otra empresa, pero que esta tendría que poseer la mayoría de la superficie a urbanizar, y que en aquel momento ya tenía comprometida Alter. El abogado del Estado ha esgrimido para pedir la nulidad del acuerdo que la empresa se atribuye prerrogativas urbanísticas que corresponden a la Administración local y que el pago ya efectuado de 600.000 euros es "improcedente" porque todavía no se ha realizado la recalificación ni se ha designado agente urbanizador.
El alcalde de Albaida dice que el recurso es "una rabieta del PSPV porque no son ellos quienes desarrollan el proyecto". Beneyto defendió que la urbanización "dará más de 1.500 puestos de trabajo, 10 millones de beneficios inducidos y diversificará una economía que está en mala situación por la crisis del textil que afecta a la comarca".
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