La Iglesia considera suficiente el acuerdo sobre financiación
Joan Saura (ICV) juzga "grave en un Estado no confesional" la decisión del Ejecutivo
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, declaró ayer que el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre financiación de la Iglesia "es suficiente. La Iglesia espera seguir como está, no ir a peor, ni enriquecerse". El portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, defendió que "ha sido un paso en la buena dirección", mientras que algunos sectores laicos del PSOE calificaron el acuerdo de "decepcionante".
"El Gobierno no persigue a ninguna organización, ni le pone la proa a nadie por el hecho de que piense de una forma u otra, sino que en función de los intereses generales realiza acuerdos", dijo el portavoz del Grupo Socialista para justificar la decisión, previo pacto con los obispos, de elevar hasta el 0,70% la asignación de los católicos a su iglesia sobre la cuota íntegra del IRPF.
"El Ejecutivo socialista es capaz de llegar a acuerdos importantes con todos los grupos sociales. Ha sido sin duda un paso en la buena dirección de un Estado que no es confesional", concluyó López Garrido.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, también expresó su contento, en declaraciones a la Cope. "[El acuerdo] es suficiente. La Iglesia espera seguir como está, no ir a peor, ni enriquecerse".
Desde 1987, el episcopado recibe del Ministerio de Hacienda cada año el 0,5239% de la cuota íntegra del IRPF de cada contribuyente que lo solicite. Ahora será el 0,70%. El pacto se aleja del compromiso de 1987 de llegar a la autofinanciación de esta confesión religiosa, y contradice promesas de dirigentes socialistas en el sentido de que había que acabar con el actual sistema de asignación tributaria directa. Con la aplicación del nuevo sistema Hacienda entregaría este año a la Conferencia Episcopal 31 millones de euros más, es decir, 175 millones, frente a los 144,24 millones fijados en la ley de Presupuestos de 2006.
El conseller de la Generalitat de Cataluña y líder de Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Saura, consideró ayer "inaceptable que se dé a la Iglesia por un lado lo que se le quita por el otro", en alusión a que se suprime la actual dotación directa del Estado a la Iglesia pero se aumenta con creces la asignación a través del IRPF. Saura lo consideró "grave en un Estado no confesional".
"Es todo muy decepcionante". Es la primara frase con que Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y ex director general de Asuntos Religiosos entre 1991 a 1993, juzga lo pactado el viernes entre el Gobierno y los obispos. Llamazares es, también, presidente de la Asociación Derecho, Laicidad y Libertades. Como alto cargo socialista negoció el desarrollo de este acuerdo económico, que entonces era transitorio y ahora se eleva a definitivo. Eso acrecienta su sorpresa. "Lo acordado va en la dirección contraria a lo previsto". Cree que en 1993 los obispos estaban dispuestos a aceptar un camino sincero hacia la autofinanciación. "Ahora se cierra ese camino. No se ha modificado nada, simplemente se ha mejorado en favor de la Iglesia católica", dice. También le irrita que se haya elevado el porcentaje de la asignación religiosa hasta el 0,70%, mientras para fines sociales se mantiene el 0,52%.
En el campo de la teología también han surgido voces críticas. Es el caso de Juan José Tamayo, de la Universidad Carlos III de Madrid. "Por este camino no se va al Estado laico ni a una sociedad multirreligiosa. La Iglesia católica, como siempre, sale ganando y sigue siendo la privilegiada. En vez de recortar sus beneficios, se le aumentan. Las demás religiones salen perdiendo y se ven discriminadas. Está claro: sigue habiendo religiones de primera, de segunda y de tercera. Toda una contradicción", opinó.
Otro dirigente socialista, que pidió el anonimato, observó que "no es correcto decir que sólo los católicos financiarán a su iglesia". Dijo: "Los católicos no han dado ni dan un euro de más a Hacienda para su iglesia que lo que les corresponde pagar en el IRPF. Es Hacienda quien detrae dineros públicos de todos para entregárselos a los obispos, que de esta forma renuncian a autofinanciarse con contribuciones o donaciones de sus fieles".
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