El Tribunal de Cuentas investiga en Salou el cese de dos cargos que denunciaron recalificaciones

El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Salou (Tarragonès) por haber destituido de sus funciones al interventor y al tesorero municipal, quienes habían alertado al equipo de gobierno de que varias recalificaciones urbanísticas no se ajustaban, según su criterio, a la legalidad. El tribunal, que es el encargado de fiscalizar la actuación de las administraciones públicas, ha iniciado las diligencias previas para conocer del consistorio la justificación del cese de empleo y sueldo del interventor, que a finales de mes cumplirá medio año de suspensión de empleo y tres meses sin sueldo.

El expediente sancionador contra el interventor lo inició hace seis meses el propio alcalde de Salou, Esteve Ferran (independiente, bajo las siglas FUPS).

Uno de estos proyectos que a juicio de Juan Manuel Hernández, interventor, y Ramón Arós, tesorero, eran irregulares es el de la construcción de un geriátrico promovido, entre otros, por los propietarios del centro de atención a la tercera edad que hay en el municipio. Entre los socios promotores figura la esposa del secretario municipal, Francisco Alijo.

El Ayuntamiento cedió en febrero de 2005 una superficie de 8.894 metros cuadrados a una unión de empresas para edificar un geriátrico que, sumando las plantas, no debía superar los 9.500 metros cuadrados de edificabilildad. Durante el proceso de tramitación, esa edificabilidad se amplió hasta s 20.000 metros y se dejó la puerta abierta a la construcción de apartamentos o bungalós para alquilarlos posteriormente a jubilados, según advierten fuentes municipales.

El futuro geriátrico se ubica en suelo municipal, que ha sido cedido por el consistorio a la empresa explotadora por 75 años, el tiempo máximo que permite la ley. A cambio, los promotores deben abonar un alquiler de sólo 9.000 euros anuales y han quedado eximidos de pagar la licencia de obras. Además el Ayuntamiento ha recalificado el actual geriátrico, propiedad de parte de los promotores del nuevo, y permitirá construir viviendas en una zona de la instalación.

Precios bajos

Juan Manuel Hernández alertó al equipo de gobierno de que la operación de cesión del terreno a cambio de 9.000 euros anuales debía justificarse por alguna razón mayor, ya que era un precio muy por debajo del de mercado y posibilitaba un enriquecimiento notable de los promotores.

La empresa que gestionará el nuevo geriátrico se llama Reus, Salut i Benestar, SL. Esta sociedad es el resultado de la fusión o cambio de nombre de varias empresas entre las cuales se encuentra STS Gestió de Serveis Sociosanitaris y en la que figura como socia la esposa del secretario municipal.

El interventor también se había mostrado contrario a la reforma en el área de Hacienda, que le apartaba de su cargo. Según su denuncia ante los tribunales, esta área ha terminado con personas que no reúnen los requisitos necesarios ocupando cargos de responsabilidad en la gestión municipal. Otros proyectos a los que se opuso el responsable de fiscalizar las cuentas municipales fueron la concesión del transporte público, adjudicada a la empresa autocares Plana, y de la grúa municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que ha actuado con "transparencia y de acuerdo con la legalidad", y su concejal de Hacienda, Pere Granados, dice no tener constancia de la denuncia del Tribunal de Cuentas y añade que el consistorio responderá y "se defenderá" cuando conozca los detalles.

El Ayuntamiento abrió al tesorero municipal el mismo procedimiento sancionador que al interventor, aunque una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona de junio pasado falló a favor del funcionario, dejando sin efecto su cese, y obligó a pagar los costes del juicio al consistorio.

El interventor ha presentado su denuncia ante el mismo juzgado que el tesorero. En ella alega que el alcalde, que en las actas de los plenos municipales ha dejado clara en varias ocasiones su mala relación personal, ha sido quien ha iniciado el expediente sancionador, aunque la normativa lo impide en los casos de enemistad manifiesta. El juez ha admitido la denuncia a trámite y ha fijado para el próximo enero la fecha de la vista. La Sindicatura de Cuentas, por su parte, también ha recibido del interventor la denuncia de "presuntas irregularidades que no permiten el ejercicio de su labor interventora".

Fuentes de la oposición municipal señalan que el acoso a estos empleados, que fueron apartados de los plenos y las comisiones, sólo obedece a que con sus informes negativos dinamitaban proyectos urbanísticos con los que se habían de lucrar empresarios y particulares del entorno del equipo de gobierno, integrado mayoritariamente por ediles de FUPS, pero con CiU y el PP como socios.

El lunes, el pleno municipal votará a puerta cerrada, a petición del alcalde, la suspensión definitiva del interventor y la sanción que le aplica. Éste es el primer paso para inhabilitarle, aunque la decisión final pertenece a la Administración central, de la que depende el funcionario.