Los profesores universitarios, 'desnudos' en la Red

Educación comete tres "infracciones graves" al colgar en Internet calificaciones de 20.000 docentes, según Protección de Datos

La Consejería de Educación está empeñada en poner nota a los 20.000 profesores de las seis universidades públicas de la región. Lo hizo el curso pasado usando los datos de la paga de méritos que reciben los profesores -que se calcula por antigüedad, trabajos de investigación, actividad docente...- y colgó los resultados en Internet. La Agencia de Protección de Datos, sin embargo, considera que la medida fue ilegal y ha resuelto que Educación cometió tres "infracciones graves" de la ley por hacer públicos sin consentimiento de los docentes "datos excesivos" sobre sus méritos. Educación, pese a ello, ha vuelto a publicar la información este curso. Lo ha hecho tras condicionar el cobro de la paga de méritos a que los profesores aceptaran la publicación de la lista.

A.G. M. es uno de los profesores cuya nota puede encontrarse en Internet. Prefiere no decir su facultad y universidad para que "la dichosa lista no me perjudique más". "A mí me han suspendido", comenta entre irónica y dolida. "Por edad, por trayectoria y por muchas razones que no caben en una lista hecha con trampas e información insuficiente, a mí me han puesto un dos y pico, mientras la mayoría de mis compañeros me doblan la nota", comenta.

"Ahora, los alumnos que consulten la lista pueden creer que es mejor trabajar o hacer la tesis con otros profesores, cuando la lista no ofrece una imagen remotamente cercana a la realidad", añade esta profesora.

"Es una lista ilegal y absurda", afirman en CC OO, que llevó el listado de Educación a la Agencia de Protección de Datos. "Es ilegal porque incumple la ley vigente y absurda porque pretende hacer un ranking con cuatro datos recogidos para otro fin, que es el cálculo de la paga de méritos", añade el sindicato.

Los 20.000 profesores de las seis universidades públicas de la región cobran, además de su sueldo, dos complementos. El primero, denominado "específico", es igual para todos ellos y asciende este año a 2.500 euros. El segundo, denominado "autonómico" y de "méritos" es variable: cada profesor cobrará más o menos según la antigüedad y otras variables como la actividad docente o investigadora.

Para cobrar este segundo complemento, los profesores deben solicitarlo a Educación incluyendo algunos datos sobre su trayectoria docente. Con ellos, la consejería los pone una nota que va de 0 a 10. Sacar un 10 vale este año 2.050 euros abonados en una sola paga.

"Lo que ha hecho Educación ha sido coger estos datos, que son una herramienta administrativa para calcular el importe de una paga, y convertirlo en una especie de ranking. El problema, además de que es ilegal, es que no ofrece una visión ajustada a la realidad de cuáles son los mejores profesores y puede llevar a los alumnos a error", explica César Gallo, de CC OO.

Este posible error, afirma el sindicato, lo favorece la propia consejería, que remite a los alumnos a consultar la lista para elegir sus tutores en la concesión de becas o la redacción de tesis.

El varapalo que Protección de Datos -un organismo público dedicado a vigilar que las administraciones cumplan la ley de protección de datos- ha infligido a la Dirección General de Universidades de Educación parece no haber surtido efecto. "No compartimos su decisión y por esto la hemos recurrido", explicó ayer Clara Eugenia Núñez, directora general de Universidades e Investigación.

"Este año hemos vuelto a publicar los datos porque creemos que es la mejor forma para tener una universidad transparente y de calidad, en la que los alumnos puedan conocer qué profesores cuentan con más años de experiencia, mejores calificaciones y participan en un mayor número de trabajos de investigación", añadió.

La sesuda Resolución de Protección de Datos, de 34 páginas, contradice a Núñez. Considera que el listado "conculca los principios y garantías [de los profesores] establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal".

Esta ley garantiza a cualquier ciudadano el derecho a acceder y cancelar su información contenida en las bases de datos en las que haya sido incluido. También a que los datos obtenidos para un fin -en este caso el cálculo de la paga de méritos- sean utilizados para otro objetivo -la calificación pública de la trayectoria de los docentes-. Por último, no permite la publicación de los datos sin el consentimiento de las personas afectadas.

El listado de Educación vulnera la legislación en estos tres puntos, que la Agencia considera como "infracciones graves". La consejería ha recurrido la Resolución ante la propia Agencia y no descarta acudir a los tribunales si no es atendido su recurso, según explicó ayer la directora general de Universidades.

Autorización bajo amenaza

La resolución de la Agencia de Protección de Datos es dura. Considera que Educación ha cometido tres infracciones graves de la ley y ha conculcado los derechos de 20.000 profesores universitarios cuando publicó las calificaciones del curso pasado.

Para este curso, sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. Educación ha decidido solicitar la autorización de los docentes antes de publicar sus datos en Internet. Pero lo ha hecho de una forma expeditiva: los profesores que rechacen darla se quedarán sin paga de méritos.

"A esto también se le puede llamar chantaje", comentan desde CC OO. Fuentes de la Agencia de Protección de Datos añaden que "aún es más grave lo de este año que lo del pasado". "Los profesores tienen, como cualquier ciudadano, el derecho a la protección de sus datos personales. No se les puede conculcar este derecho con la amenaza de no abonarles una paga a la que también tienen derecho".

Fuentes jurídicas calificaron de "auténtica barbaridad" la decisión de Educación. "No se pueden enfrentar derechos y obligar a alguien a que renuncie a uno para mantener el otro. Educación perderá ante los tribunales cualquier demanda por este motivo", aventuraron estas fuentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 14 de septiembre de 2006.

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