Satanizando a López Obrador

Dentro y fuera de México se multiplican las condenas a Andrés Manuel López Obrador y aumentan las alabanzas a las instituciones que organizaron unas controvertidas elecciones presidenciales. El reduccionismo enturbia la comprensión de los borrascosos tiempos mexicanos.

La conflictividad mexicana se origina en una multiplicidad de factores imposibles de capturar en una variable. Son indudables los errores estratégicos y tácticos y los excesos retóricos de López Obrador, pero hasta el Tribunal Electoral aceptó que el presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección y que la cúpula empresarial violó la ley con sus beligerantes spots televisivos, entre otras irregularidades. El esfuerzo colectivo produjo la elección más lodosa de nuestra historia y, por ello, alrededor de un tercio de ciudadanos quedamos insatisfechos, por motivos de lo más diverso, con la calidad de la elección.

México está fracturado y la adjetivación en los medios es un pálido reflejo de las hernias que rasgan el tejido social. Hay hijos que prohíben a la abuela visitar al nieto mientras mantenga su respaldo al candidato de la izquierda; parejas que por la disputa frigorizaron la alcoba; y el racismo y el clasismo florece como selva húmeda. En el festival de enojos hay una gran variedad de motivaciones e impulsos.

Siempre he votado izquierda, pero en el año 2000 sufragué por Vicente Fox convencido de la urgencia de un cambio. Lo hice pensando que Fox era un demócrata dispuesto a reconocer la pluralidad y lleve el compromiso un poco más allá: durante su Gobierno serví de manera honorífica en consejos ciudadanos de ministerios federales. En Gobernación participé en una comisión encargada de atender los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en la Secretaría de Desarrollo Social encabecé un Comité de Transparencia que intentó ingenuamente evitar la utilización electoral de los programas sociales. Me desconcertó primero y me ofendió después el descarado activismo de Vicente Fox a favor de los suyos y en contra de López Obrador. Entiendo que en otros países el proselitismo realizado por el jefe de Gobierno es parte de la normalidad. México es diferente. Un comportamiento de ese tipo además de ilegal desencadena los recuerdos de los presidentes omnipotentes a quienes bastaba señalar con el dedo para elegir al sucesor. Por ello resultó tan impropia la actitud de Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia que terminó comportándose, en este aspecto, como los predecesores que alguna vez denunciara.

El presidente electo, el conservador Felipe Calderón Hinojosa, tiene días insistiendo en la reconciliación. Sus llamados seguirán siendo retórica hueca en tanto no los apuntale con hechos concretos; él y sus partidarios, dentro y fuera de México, deben entender que en las condiciones actuales es difícil olvidar los agravios contra la democracia.

Desde hace dos meses los inconformes con la calidad de la elección coincidimos con los partidarios de López Obrador en solicitar un recuento de todos los votos. Calderón siempre respondió que respetaría lo que el Tribunal Electoral decidiera, lo cual era jurídicamente impecable pero políticamente insuficiente. Sucedió lo predecible: el Tribunal ratificó su victoria pero rechazó el recuento lo cual, a los ojos de un sector, confirmó las irregularidades. Ya como presidente electo, Calderón enfrenta otra polémica que le permitiría tender puentes hacia los inconformes y demostrar su compromiso con la transparencia y la democracia.

La oportunidad se llama recuento ciudadano. Después de la elección unos 800 individuos, empresas y organismos solicitaron al Instituto Federal Electoral (IFE) acceso a las boletas de la elección para volver a contar los votos. Entre los peticionarios están la W Radio, la revista Proceso y el periódico El Universal, y aunque el ejercicio carece de valor jurídico, en el contexto actual sería muy provechoso porque de confirmarse los resultados oficiales darían legitimidad a Felipe Calderón. El riesgo está en que suceda lo contrario.

El IFE tenía dos opciones: obedecer a la legislación electoral y destruir las boletas o respetar la ley de transparencia y entregarlas a los solicitantes. El mismo día en que el Tribunal ratificó la victoria de Calderón, el IFE rechazó la petición de transparencia e informó de que procedería a la incineración de las boletas. De consumarse la intención, en la hoguera seguirá evaporándose la esperanza de concordia porque aviva el recuerdo de aquel pasado ominoso en el que mandaba un solo partido.

En 1988 Carlos Salinas triunfó gracias a un fraude electoral monumental y meses después de consumado, el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron en el Congreso la quema de las boletas con lo que desapareció una evidencia fundamental para conocer la verdad.

Estamos en el año 2006 y estoy entre los que se niegan a acatar la opacidad del IFE, una de las instituciones santificadas por los conservadores. En mi caso, la motivación principal está en salvaguardar el derecho de saber, un pilar esencial de la democracia. En la batalla jurídica que se librará entre los peticionarios y el IFE, Felipe Calderón podría respaldar el recuento ciudadano y apuntalar sus credenciales democráticas. El PAN podría alentar la participación de organismos civiles conservadores para tener certidumbre sobre un recuento que limpiaría en algo el lodo que mancha la elección.

El recuento ciudadano tiene una dinámica independiente a las acciones seguidas por López Obrador. Si la comunidad internacional reconoce éste y otros matices entendería mejor la complejidad del conflicto que afecta a México. Atribuir las turbulencias mexicanas a una sola persona es una simplificación de dudosa utilidad. En México el fragor de la disputa por la presidencia encubre el enfrentamiento entre izquierda y derecha que está poniendo en riesgo la calidad de la democracia.

Sergio Aguayo Quezada es profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.