Bruselas quiere limitar el poder de los bancos centrales para vetar fusiones

Los escándalos vividos en Italia cuando Antonio Fazio era gobernador del Banco Central de ese país y frenó la entrada del BBVA, han tenido consecuencias. La Comisión Europea presentó ayer su propuesta de directiva para las fusiones bancarias, con la que pretende asumir un mayor control sobre la autorización de estas operaciones, en detrimento del que hasta ahora ostentan los bancos centrales y luchar contra las interferencias políticas sobre este tipo de operaciones.

"Las nuevas disposiciones suponen que las autoridades de supervisión tendrán que ser claras, transparentes y coherentes a la hora de evaluar las fusiones y adquisiciones transfronterizas. No dejan lugar a la interferencia política o al proteccionismo. Ésta es la vía a seguir si realmente deseamos un mercado interior que funcione plenamente y entidades financieras europeas capaces de competir en el mundo", dijo ayer el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy en un comunicado. El propio sector financiero reconoce que a menudo, el principal obstáculo para las fusiones lo constituyen las injerencias políticas. En el caso de Italia, el muro creado contra el primer intento de compra de BNL por parte del BBVA y de Antonveneta por ABN Amro acabó con la dimisón del gobernador Fazio.

Criterios precisos

La nueva directiva, de aprobarse (aún debe pasar por el Consejo de Ministros Europeo y por el Parlamento) restaría margen de maniobra a los reguladores nacionales. Si la norma entra en vigor, los bancos centrales tendrán que justificar de acuerdo a criterios claros y precisos la conveniencia o no de la fusión.

Hasta ahora, las autoridades de supervisión podían bloquear las fusiones siempre que consideraran que podrían poner en peligro una "gestión sana y prudente" de la empresa o supusieran un riesgo para el sistema financiero del país. "La nueva lista incluye sin embargo conceptos como "buena reputación" o "solvencia financiera", que se prestan a una amplia interpretación. "Evidentemente hay un grado de subjetividad" en estos conceptos, reconoció ayer el comisario. Además de la buena reputación del banco adquirente y de los directivos, los nuevos criterios incluyen la solvencia financiera del comprador, el cumplimiento de las directivas comunitarias correspondientes y el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Otra de las novedades de la normativa presentada ayer es que reduce el plazo de los reguladores para emitir su juicio sobre la fusión. Las autoridades nacionales de supervisión dispondrán de 30 días hábiles en lugar de tres meses para pronunciarse. A pesar de que la iniciativa comunitaria supone reducir el margen de maniobra de los reguladores nacionales, Mc Greevy aseguró ayer que no tiene "la intención de crear una agencia de supervisión única europea".