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España gana ante la UE el recurso contra la reforma de las ayudas al algodón

El actual sistema seguirá vigente hasta que la Comisión Europea establezca un nuevo marco

Andreu Missé

El Tribunal de Justicia de la UE anuló ayer el régimen de subvenciones al algodón que había recurrido España. El régimen, que entró en vigor tras la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del algodón, efectuada en abril de 2004, establecía que sólo el 35% de las ayudas estarían vinculadas a la producción y el 65% restante se repartiría en función del número de hectáreas. El fallo judicial afecta a más de 10.000 cultivadores y a unas 25 industrias desmotadoras, localizadas mayoritariamente en Andalucía.

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El Gobierno central y las distintas consejerías de Agricultura implicadas recurrieron esta distribución de las ayudas que consideraron insuficientes e inapropiadas para asegurar la rentabilidad de las explotaciones. La realidad es que durante el último año y a consecuencia de reforma, la superficie de cultivo de algodón en España se ha reducido en casi un 30% al pasar de 87.000 a 62.000 hectáreas. Las administraciones central y autonómica, las organizaciones de agricultores y la asociación de empresarios de la industria desmotadora saludaron la decisión del Tribunal de Luxemburgo.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, manifestó su satisfacción por "la victoria moral" que significa la sentencia y anunció que convocaría urgentemente a las organizaciones del sector y a las Comunidades Autónomas. Puxeu añadió que la decisión judicial favorecerá los esfuerzos realizados en la defensa de la estructura productiva del algodón en zonas donde las alternativas como el cultivo de la remolacha están condicionadas por otras reformas.

En la sentencia, los jueces señalan que los costes salariales que tienen carácter fijo no se tuvieron debidamente en cuenta en el estudio comparativo sobre la rentabilidad de cultivo del algodón que sirvió de base para establecer las ayudas. También destaca que no se han analizado los efectos potenciales de la reforma del régimen de ayudas sobre las empresas desmotadoras.

El nuevo régimen fue consecuencia de aplicar a los cultivos mediterráneos los principios de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Uno de los objetivos fundamentales era desligar total o parcialmente la cuantía de las ayudas dirigidas a los agricultores y con la producción obtenida.

La reforma del sistema de ayudas agrícolas pretendía armonizar los intereses de los agricultores europeos con los de los países en desarrollo en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, (OMC). Especialmente polémicas han sido las subvenciones al cultivo de algodón en Estados Unidos. En 2005, los 20.000 agricultores estadounidenses recibieron pagos del Gobierno que ascendían a 4.700 millones de dólares, monto que supera la ayuda que Washington entrega a África Subsahariana. Además las exportaciones de algodón son marginales para Estados Unidos mientras que, por ejemplo, en Burkina Faso representan un 50% de sus exportaciones totales y son un pilar de su economía.

Seguridad jurídica

El fallo judicial establece también que por motivos de seguridad jurídica se suspenden los efectos de la anulación del régimen de ayudas al algodón vigente hasta que se adopte dentro de un plazo razonable un nuevo sistema. La Comisión Europea anunció ayer que realizará inmediatamente un nuevo estudio de impacto y presentará nuevas propuestas teniendo en cuenta los criterios del Tribunal.

Michael Mann, portavoz de la comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, manifestó que "lo importante es que el principio de la reforma, es decir de desdoblar las ayudas no ha sido puesto en cuestión".

La presidenta de la Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón, Elena Sáenz, consideró muy buena para el sector la sentencia, porque "la industria desmotadora fue la más perjudicada por la reforma al no contemplarse ninguna medida para su viabilidad".

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