El dueño de un edificio de Málaga deja que se pudra para echar a cinco vecinos

Cuanto más se sube por la escalera del número cinco de la calle Mariscal el olor ácido a basura y excrementos se hace más estomagante. En los rellanos de este edificio histórico del centro de Málaga, la única iluminación entra a través de unas ventanas con cristales rotos, y las ratas y las cucarachas corren a su antojo. El dueño del inmueble se niega a arreglar las zonas comunes y los vecinos han pasado 13 días sin agua corriente. La Administración cree que el casero busca echar a los cinco inquilinos que quedan para poder especular con el edificio.

El inmueble, de cuatro alturas más la planta baja, está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Área de Urbanismo municipal. Sin embargo, su propietario, Jesús Jiménez Astorga, ha hecho poco por su conservación. El casero asegura que la limpieza y los arreglos de las zonas comunes "no están incluidos en los contratos de arrendamiento y por lo tanto les corresponde a los inquilinos". De los cinco vecinos, dos mujeres jubiladas y viudas disfrutan de contratos de renta antigua. Otro inquilino, también jubilado, dice pagar 218 euros al mes por 15 metros cuadrados.

Una de estas ancianas, que no quiere dar su nombre "por miedo a represalias", habita en una de las viviendas desde que sus padres se mudaron allí en 1937. En ella se vistió de novia para casarse y en ella falleció su esposo hace dos meses. Entrar en su casa desde la escalera es como pasar del infierno al paraiso sin escala en el purgatorio. Las habitaciones no tienen ni una mota de polvo, todo está perfectamente ordenado y las únicas manchas visibles, en el techo, las produjo una fuga de agua que mantuvo al edificio sin abastecimiento durante casi dos semanas. "Éste no me echa a mí a menos que me pague una vivienda", desafía.

Pisos 'okupados'

Lejos quedan los tiempos en que las 20 casas del bloque estuvieron ocupadas. "Desde que compró el edificio hace diez años, el dueño nos ha hecho la vida imposible, y la gente ha terminado por irse, porque además el dueño se negaba a renovar los contratos de alquiler", asegura la jubilada. A medida que las viviendas se iban vaciando, el dueño iba tapiando las puertas para evitar que entraran okupas. Su precaución fue inútil. En la cuarta planta, una joven de acento eslavo, desconocida por los vecinos, declara pasar allí sus "vacaciones" porque le han "robado el dinero". Muchos de los muros de ladrillo han sido derribados.

En el caso de los habitantes ilegales, Jiménez Astorga también culpa a sus inquilinos. "Dejan la puerta abierta a todas horas, y se cuela todo el mundo. Ya ha ido la policía varias veces", asegura. En una de sus visitas, a petición de un vecino, el pasado 13 de julio, funcionarios del área de Salud describieron el panorama en un informe: "Manifiesta insalubridad en la totalidad del inmueble. Gran cantidad de basura, heces, enseres y proliferación de insectos y roedores. Hedor insoportable". Y remata: "Se hace necesaria la intervención urgente de los organismos competentes". El mismo vecino que llamó a Sanidad denunció a Jiménez Astorga ante el juzgado número 13 de Malaga por no mantener la limpieza del inmueble. En esa ocasión, el casero resultó absuelto.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga informó el pasado viernes de que intervendrá ante el "grave estado" del edificio. En concreto, se comprometió a efectuar "el desatoro de la red enterrada de saneamiento, la limpieza general de escombros y desechos, así como otras obras ya requeridas al propietario en ocasiones anteriores". Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, Francisco Gutiérrez, anunció que enviará a la Fiscalía de Málaga un informe sobre el mal estado del inmueble y apuntó que incluso, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "incluye la posibilidad de expropiación forzosa a aquellos propietarios que no arreglan las viviendas de los inquilinos". Gutiérrez elevará su informe al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, "que ya el año pasado abrió una queja de oficio sobre lo que se viene conociendo en Andalucía como asustaviejas, que pretenden aburrir a los inquilinos para especular urbanísticamente".

En Cádiz, los asustaviejas surgieron hace años, atraídos por un casco urbano con numerosos inmuebles históricos en los que residían inquilinos que pagaban rentas antiguas muy por debajo de los precios de mercado, informa Libertad Paloma. La Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril llegó incluso a firmar un "código vecinal contra el acoso inmobiliario" con algunos de los principales promotores de la ciudad, entre ellos, Enrique Arroyo, quien había sido señalado directamente por los inquilinos del casco histórico como uno de los principales asustaviejas de Cádiz. Era una de las pocas alternativas que encontraron los vecinos para poner de manifiesto unas actitudes, como el chantaje o las amenazas, que a veces no pueden denunciarse por falta de pruebas.