Zapatero introducirá la reforma constitucional en su conversación con Rajoy al inicio de curso

José Luis Rodríguez Zapatero cumplirá su compromiso de intentar abordar la reforma constitucional y se lo comunicará al líder del PP, Mariano Rajoy. Zapatero introducirá esta cuestión entre los temas de Estado, como el conflicto de Líbano, el proceso de paz o la inmigración, que abordará este mes con el líder de la oposición. El presidente del Gobierno anunció en primavera su pretensión de abrir en septiembre una ronda de contactos con los partidos para intentar llevar adelante la reforma del Senado, englobada en la reforma constitucional. Fuentes gubernamentales confirman que Zapatero mantiene esa decisión, pese al escepticismo sobre la respuesta de Rajoy, cuyo concurso es indispensable.

El Gobierno priorizará en la negociación presupuestaria a ERC, IU y Coalición Canaria

El Ejecutivo admite un parón del proceso de paz, pero también que ha sido el mejor verano

El Gobierno arranca el curso político con muy escasa esperanza de recomponer el consenso con el PP en los principales temas de Estado, aunque lo intentará. La proximidad de las elecciones catalanas del 1 de noviembre y de las municipales y autonómicas de mayo de 2007, auténticas primarias de los comicios generales de 2008, hacen prácticamente imposible que se reabra un diálogo que ha sido inviable en condiciones más favorables.

Este curso político, ya cruzado el ecuador de la legislatura, también será decisivo para comprobar si se cumplen los compromisos del Gobierno y si se confirman las catástrofes que la oposición auguraba. El Gobierno, que parte con ventaja sobre el PP en las encuestas, aunque no de forma abrumadora, se ha marcado como prioridades el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo, un activo importante en su balance; el logro de una inmigración legal y ordenada; la ampliación de los derechos ciudadanos y el avance en el proceso de paz en Euskadi.

- Cuestión territorial. No será un tema prioritario este curso. Pero Zapatero tanteará las posibilidades de lograr su compromiso de reforma de la Constitución para hacer del Senado una Cámara territorial, incluir la denominación de las comunidades autónomas y una mención a la Unión Europea en la norma fundamental y garantizar la igualdad de las mujeres en la sucesión al trono.

Asimismo, seguirá la tramitación parlamentaria de las reformas estatutarias pendientes, empezando por la andaluza. Otro foco de atención será la puesta en marcha de la comisión bilateral Gobierno central-Generalitat para negociar el desarrollo del Estatuto catalán. Esta negociación, que se intensificará con el Gobierno catalán que salga de las urnas en noviembre, revelará si es cierto o no que la cohesión territorial de España está en peligro, como vaticina el PP.

- Negociación presupuestaria. El primer reto para el Gobierno es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 y la búsqueda de apoyos parlamentarios para su aprobación. La celebración de las elecciones catalanas una semana después de que se voten en el Congreso las enmiendas a la totalidad de las cuentas del Estado, en la última semana de octubre, aumenta la incertidumbre sobre la actitud que mantendrán ERC y CiU.

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, y el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, se reunirán con los grupos parlamentarios, a mediados de septiembre, con el objetivo de negociar unos presupuestos continuistas, con aumentos en las partidas de educación, infraestructuras e investigación, y con el mismo criterio negociador de los anteriores. Darán prioridad a los partidos que apoyaron al Gobierno en los presupuestos anteriores y en la investidura de Zapatero como presidente del Gobierno: IU, ERC y Coalición Canaria.

El Ejecutivo cuenta con que la negociación será complicada con ERC y CiU hasta noviembre, por coincidir con la campaña de las elecciones catalanas, tras la ruptura del tripartito, que implicó el distanciamiento entre los republicanos y los socialistas. No obstante, el Ejecutivo cree que, finalmente, habrá acuerdo por la continuidad de unos presupuestos que "están funcionando" en el terreno económico y que, además, incorporan, por vez primera, una partida sustancial en infraestructuras para Cataluña, del 18% del PIB, en cumplimiento de lo recogido en el Estatuto catalán.

Tampoco se le presenta fácil la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica, de importancia simbólica, cuya actual redacción rechazan de plano sus principales impulsores, ERC e IU.

- Proceso de paz. El proceso del fin de la violencia de ETA pasa por un momento de estancamiento ante las dudas de Batasuna para cumplir la Ley de Partidos y legalizarse con nueva marca y estatutos. Los dirigentes abertzales creen que su paso por la ventanilla de la Ley de Partidos no les garantiza su seguridad jurídica ni les blinda frente a nuevos problemas con los jueces.

El Gobierno se mantiene firme en que la legalización de Batasuna es condición necesaria para que el proceso siga su curso, con la constitución de la mesa de partidos, aunque tratará de convencer a la izquierda abertzale de que dé el paso con garantías. El pulso puede prolongarse durante semanas porque Batasuna puede aguantar sin legalizarse hasta principios del próximo año sin renunciar a presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo, objetivo que sus portavoces mantienen vigentes.

Pese al estancamiento del proceso, ninguno de sus principales protagonistas lo cuestiona. Nadie duda de que el verano de 2006 ha sido el más tranquilo desde hace muchos años. Con la excepción del microbús quemado en San Sebastián, el 18 de agosto, por unos encapuchados, la violencia de ETA ha desaparecido de las calles este verano y el Gobierno ha tomado nota.

Serán las conversaciones entre el Gobierno y ETA, cuyo calendario marcha a ritmo lento, las que reconduzcan el proceso y las que activen, en función de sus avances, las medidas de política penitenciaria. Antes de que acabe este mes, el Gobierno informará de la marcha del proceso.

- Conflicto de Líbano. El envío de hasta 1.100 soldados españoles a Líbano, dentro de la misión de paz auspiciada por la ONU, abre una etapa nueva en la política exterior española. España acompaña a Francia y a Italia en una misión de riesgo, que en el terreno político devuelve a la Unión Europea un papel protagonista como mediadora para la paz en Oriente Próximo.

- Ampliación de derechos. El Gobierno de Zapatero jugará fuerte en la tramitación parlamentaria de la Ley de Dependencia, que sienta las bases del cuarto pilar del Estado de bienestar y es el proyecto estrella de la legislatura en materia social. El curso se completará con la Ley de Igualdad -que pretende llevar al sector privado la igualdad de sexos- y la de Universidades. Hoy, en el mitin de Rodiezmo (León), Zapatero anunciará un compromiso en política social.

- Inmigración. El Gobierno ha iniciado el curso con una ofensiva política para implicar a la Unión Europea en el reto de la lucha contra inmigración irregular y ha empeñado en la tarea a su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la que Zapatero delega asuntos importantes de forma creciente.

La apuesta del Gobierno es fomentar una inmigración "legal y ordenada" que garantiza el crecimiento de la economía y poner coto a la llegada a Canarias de cayucos cargados con sin papeles que se juegan la vida y pagan exorbitantes sumas a las mafias.