Amenazas insidiosas

EL COMUNICADO DIFUNDIDO a mediados de agosto por ETA adelantó dos semanas la apertura del nuevo curso político, en reñida competencia con otros pesados legados -las responsabilidades políticas y administrativas por los incendios de Galicia, los compromisos internacionales en Líbano y el desbordamiento de la inmigración africana- procedentes del verano. Los comicios catalanes del 1 de noviembre abrirán el ciclo electoral de la segunda parte del mandato de Zapatero, en cuyo desarrollo los comicios forales y municipales del País Vasco, con la incógnita pendiente de la presencia de la izquierda abertzale, desempeñarán un papel crucial.

El texto de la banda armada establece un desolador balance de los cinco meses transcurridos desde que sus dirigentes declararan el 24 de marzo un unilateral "alto el fuego de acciones armadas". Ese pesimista diagnóstico de ETA contradice paradójicamente los catastróficos pronósticos paralelos avanzados por el PP en sentido diametralmente opuesto: la supuesta rendición del Gobierno ante el chantaje terrorista y la paralización del Estado de derecho frente a la persecución del delito. "El Gobierno español", afirma, por el contrario, el comunicado, "se ha valido de la represión para debilitar a la izquierda abertzale, y los aparatos del Estado se han dedicado a atacarla sin pausa". Movidos por intereses partidistas y motivaciones mezquinas, los socialistas vascos y los nacionalistas del PNV -el PP ni siquiera es mencionado en la diatriba- son para ETA los malos de la película; además de retrasar el proceso con el propósito de pudrirlo, ambos partidos tratan de imponer a la izquierda abertzale "la aceptación pastueña" del ámbito autonómico para así "trabar en los barros" de ese marco jurídico-político "la negación y división de Euskal Herria".

Un comunicado de ETA amenaza con volver a la violencia si el Gobierno continúa incumpliendo unos supuestos compromisos de impunidad contraídos antes del alto el fuego

Las conclusiones son ominosas: "Se mantiene la opresión política, militar y económica", y los Estados (español y francés) "continúan utilizando toda su maquinaria represiva contra los pilares que nos convierten en un pueblo". La visión del País Vasco dibujada por ETA cuadra con las sociedades sometidas a las peores dictaduras militares en los países atrasados: ocupación de las calles, amenazas de las fuerzas armadas, secuestros de ciudadanos, vulneración de los derechos civiles y políticos, medidas de excepción contra los presos políticos, persecución de los exiliados, etcétera. La habitual inclinación retórica de la izquierda abertzale al victimismo hiperbólico privaría de cualquier valor a esas jeremiadas si no fuese por el final del comunicado. De un lado, "las autoridades españolas continúan sin cumplir sus compromisos de alto el fuego"; de otro, "el mantenimiento de esa situación de represión es incompatible con el desarrollo de un proceso de negociación para la solución del conflicto: queremos advertir de que, si esos ataques continúan, ETA responderá".

La amenaza de recurrir de nuevo a la violencia (con atentados letales, pirotecnia sin muertos, desorden callejero o extorsión mafiosa) en el supuesto de que el sistema democrático no capitule ante el terrorismo debería ser contestada como cualquier otro chantaje: con la ley, la policía y los jueces. Por lo demás, carece de sentido conceder el más mínimo crédito a la insidiosa afirmación de ETA según la cual las autoridades españolas habrían adquirido compromisos de impunidad con la banda armada y su brazo político antes de la tregua. Ese surrealista debate sobre quién miente y quién dice la verdad respecto a unos contactos secretos enfrenta a un Gobierno democrático con la extraña alianza formada por la organización terrorista y el principal partido de la oposición, fiscales ambos de un proceso de intenciones que niega al acusado la presunción de inocencia. Es lógico suponer que las prenegociaciones con ETA en torno al alto el fuego fueron mantenidas por interlocutores sin mandato imperativo que discutirían abstractamente sobre los posibles escenarios de un País Vasco liberado de la violencia: un terreno de juego delimitado, en cualquier caso, por los procedimientos que la Constitución y el Estatuto de Autonomía establecen para su propia revisión.