El intento del Gobierno de vetar a Astillero convierte en un caos la regata de La Concha

La Bandera de La Concha, la principal regata de traineras del Cantábrico, vivió ayer uno de los episodios más negros de su historia en los 111 años en que se ha disputado. La regata clasificatoria estuvo a punto de quedar suspendida tras el intento del Gobierno vasco de impedir la participación de Astillero, autorizada por un juez. El director de Deportes autonómico, José Ramón Garai, envió a última hora un escrito advirtiendo de que los remeros sancionados no han pagado aún las multas que les impuso el Ejecutivo por no pasar un control antidopaje en septiembre, que suman 99.100 euros. Tras cuatro horas de discusiones y confusión, la prueba comenzó finalmente con el concurso de la tripulación cántabra.

La polémica no acabó con la última resolución adoptada el miércoles por un juzgado donostiarra, que admitía la presencia de Astillero en La Concha. La controversia fue ayer a más y se tradujo en un caos mayúsculo que se prolongó durante cuatro horas. En muchos momentos peligró incluso la celebración de la tanda clasificatoria (las dos jornadas de la prueba se disputarán el próximo domingo y el día 10). El detonante de todo el revuelo generado en el Ayuntamiento donostiarra fue un escrito remitido ayer mismo por Garai al presidente de la Federación Vasca de Remo, Miguel Tardáguila.

En la carta expone que 14 remeros y el entrenador del club cántabro fueron sancionados por el Gobierno por negarse a pasar un control antidopaje en septiembre pasado en Hondarribia. El director de Deportes recuerda que el Tribunal Superior "no ha suspendido las sanciones principales (multas)" impuestas, pues "sólo ha suspendido las sanciones accesorias (prohibición de acceso a instalaciones deportivas)".

Garai añade que las sanciones son "ejecutivas" y que, hasta la fecha, no han sido pagadas. Por esta razón, concluye el escrito, los deportistas del club cántabro "se encuentran impedidos para participar en ningún evento deportivo" en la comunidad autónoma hasta que "no hayan cumplido las sanciones principales".

La advertencia volvió del revés la prueba, que organiza el Ayuntamiento donostiarra. Ni los responsables de la regata ni Astillero esperaban este contratiempo de última hora. Tuvieron que reaccionar al instante y en medio de un ambiente muy crispado. Los representantes legales del club cántabro interpusieron de inmediato una denuncia en el juzgado de guardia de San Sebastián al entender que se estaba desobedeciendo la última resolución judicial. El alcalde, Odón Elorza, trató en todo momento de que la regata se disputase "a toda costa" y a pesar de la "intromisión" del Gobierno en la autonomía municipal. A su juicio, el Ejecutivo había dado "instrucciones expresas" para que no se celebre. Visiblemente contrariado, el primer edil instó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, a destituir de inmediato a Garai.

Tras varias reuniones a puerta cerrada, primero sólo entre los representantes de las embarcaciones vascas y luego de los 22 participantes, los delegados de los equipos acordaron por mayoría iniciar la competición con participación de Astillero. Es su trainera bogaron los remeros multados, lo que Garai criticó, recordando que lo hacían sin haber pagado las multas.